ISLAMABAD. Musharraf acudió esta mañana al Tribunal Antiterrorista de Rawalpindi (ciudad vecina a Islamabad) para oír junto a otros siete encausados los cargos, de los cuales se declaró no culpable antes de volver a su domicilio, donde permanece arrestado desde abril.
"Esto es simple venganza de los jueces, comandados por su máximo responsable, Iftikhar Chaudhry (presidente del Tribunal Supremo)", afirmó a Efe un portavoz de Musharraf, Rashid Qureshi, quien aseguró que la justicia paquistaní está "totalmente sesgada" en este caso.
Siendo jefe de Estado, Musharraf destituyó en 2007 a Chaudhry y supuestamente ordenó el encarcelamiento de decenas de jueces, lo cual le ha valido otro proceso judicial que se mantiene abierto.
Bhutto murió el 27 de diciembre de 2007 junto a otras 24 personas a manos de un terrorista suicida de 15 años que hizo estallar una carga explosiva tras un mitin en Rawalpindi, poco después de que la exjefa de Gobierno pusiera fin a años de exilio.
Desde un principio se relacionó a Musharraf con el magnicidio, pero su salida del país en 2009 paralizó los procesos judiciales.
Aunque las autoridades culparon a los talibanes del ataque, diversas investigaciones (incluidas una de Naciones Unidas y otra de Scotland Yard) abrieron la posibilidad de que estuviera implicado el aparato de seguridad estatal.
Esa vía de investigación se vio reforzada por las declaraciones del periodista Mark Siegel, cercano a Bhutto y que afirmó que la exmandataria había denunciado amenazas de Musharraf y afirmado que si algo le sucedía sería responsabilidad del entonces presidente.
Entre los siete acusados hoy de participar en la trama conspiratoria junto al exmilitar hay dos mandos policiales que fueron encarcelados en 2010 por su negligencia tras el ataque contra la líder política.
Musharraf, el único de los cuatro dictadores militares del país asiático que ha sido acusado formalmente en un tribunal, regresó en marzo a Pakistán para concurrir a las elecciones pero lo que halló fue una cascada de juicios en su contra.
Además del caso Bhutto, Musharraf tiene dos causas abiertas -una en el Supremo- por la decisión de su Gobierno de imponer el estado de emergencia en 2007, y otro juicio por su presunta implicación en el asesinato en 2006 de un líder nacionalista baluchi.
El proceso por la muerte de la ex primera ministra continuará la semana que viene y se prevé muy largo, ya que pone a prueba la estabilidad institucional de Pakistán y la lealtad de los militares, hasta ahora respetuosos con la acción judicial contra su exjefe.
El frágil equilibrio democrático del país depende en gran medida del acomodo entre el poder Ejecutivo, consolidado con la primera transición democrática en Pakistán tras los comicios de mayo, y un Ejército que ha regido el país durante la mitad de su historia.
Un elemento añadido de complicación es el hecho de que el actual primer ministro, Nawaz Sharif, es el mismo jefe de Gobierno que sufrió el golpe de Estado del entonces jefe del Ejército en 1999 y que tuvo que pasar luego ocho años exiliado bajo amenaza de muerte.
Por si fuera poco, en mayo fue asesinado en circunstancias no aclaradas el fiscal principal del caso, un incidente que llevó a muchos analistas locales a apuntar hacia el entorno de Musharraf, reticente a que prosiguiera la investigación judicial.
Un fiscal citado por el canal local Dunya precisó hoy en el Tribunal de Rawalpindi que el exmilitar se enfrenta incluso a la pena de muerte o a cadena perpetua en caso de ser condenado.
