Washington/miami. El Gobierno de Estados Unidos manifestó ayer su preocupación por lo que calificó de "innecesaria" muerte del joven negro Trayvon Martin y el fuerte debate racial que ha provocado la absolución del hombre que lo mató, George Zimmerman, pero se mostró cauteloso a la hora de reabrir a nivel nacional el caso como un "delito de odio", tal como le exigen numerosas peticiones. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, explicó ayer que el Departamento de Justicia está analizando el caso, aunque no ha revelado si finalmente se presentará una demanda federal.

"Somos conscientes del dolor que sufre nuestra nación en torno a la trágica, innecesaria muerte de Trayvon Martin el año pasado (...) El Departamento de Justicia comparte la preocupación, yo comparto su preocupación", manifestó Holder durante una alocución ante una asociación de mujeres afroamericanas universitarias. Zimmerman fue absuelto el sábado de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio culposo por la muerte de Martin. El adolescente, un afroamericano de 17 años, paseaba desarmado el 26 de febrero de 2012 por un vecindario de la localidad de Sanford, Florida, donde Zimmerman, entonces de 28 años y armado, ejercía de vigilante voluntario. Al considerar "sospechoso" a Martin -que caminaba bajo la lluvia con una sudadera con capucha-, llamó a la policía y, desoyendo las indicaciones del agente que le atendió, según se estableció durante el juicio, siguió a Trayvon y lo enfrentó.

El joven negro recibió un disparo en el corazón que acabó con su vida. El jurado del caso, que durante semanas fue emitido en directo por las principales cadenas nacionales, entendió que Zimmerman disparó a Martin en legítima defensa tras un forcejeo, lo que ha generado una ola de protestas e incomprensión en Estados Unidos. El domingo, el Departamento de Justicia señaló que está reanudando una investigación abierta el año pasado en torno a la muerte de Trayvon Martin para ver si Zimmerman cometió un "delito de odio" -es decir, contra un miembro de una minoría étnica, religiosa o sexual- y, por tanto, puede ser llevado ante una corte federal por este caso.

Pero Holder no quiso revelar ayer, en su primera comparecencia pública desde que se conoció el veredicto absolutorio que ha convulsionado al país y que hizo que hasta el presidente, Barack Obama, emitiera una declaración al respecto llamando a la calma, si su equipo ha decidido presentar o no una demanda que reabra el caso. En este sentido, se limitó a hacer un llamamiento a aprovechar el caso para tratar los temas de fondo que hay en esta tragedia, sobre todo en materia racial y de armas, aunque eludió explícitamente pronunciar términos como "raza".

"Independientemente de la decisión legal que se tome, creo que esta tragedia proporciona otra oportunidad para que nuestra nación hable de forma honesta sobre los temas complicados y de gran emotividad que este caso ha abierto", señaló al respecto. "No debemos dejar pasar esta oportunidad (...) Estamos decididos a confrontar la división y confusión con comprensión y compasión y también con la verdad" para "evitar futuras tragedias y resolver las actitudes subyacentes, creencias y estereotipos errados que sirven como base para estos incidentes demasiado comunes", prometió Holder.

reacción de Obama También la Casa Blanca se mostró cautelosa a la hora de implicarse aún más en un caso que está provocando tanta tensión nacional, pese a que Obama ya se pronunció al respecto el domingo. La reapertura del caso es "una decisión que debe tomar el Departamento de Justicia (...) no es algo en lo que el presidente se involucre personalmente" porque eso sería "inapropiado", apuntó su portavoz, Jay Carney. Este salió así al paso de las crecientes voces que en todo el país piden una acción más decidida del Gobierno de Obama en este caso que en Estados Unidos ha reavivado el debate racial y sobre la igualdad de derechos.

La NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color), que lucha por los derechos de la comunidad afroamericana, hizo un llamamiento el sábado al Departamento de Justicia para presentar cargos contra Zimmerman. Según una portavoz la NAACP, la web colapsó el domingo, pero ya han firmado más de medio millón de personas. Además, en la web de la Casa Blanca hay otras dos iniciativas abiertas igualmente para recoger firmas y que el Departamento de Justicia actúe. El proceso que pudiera emprender el Gobierno sería complicado, afirman los expertos, ya que el Estado debería demostrar la animadversión racial de Zimmerman que la fiscalía no usó como argumento en el juicio penal. La familia de Martin tiene la posibilidad de abrir un proceso civil contra Zimmerman en busca de una compensación económica, por lo que el caso podría no haber concluido con el polémico veredicto del sábado.

El fallo desató las protestas el domingo, en las que varias personas fueron detenidas. La policía de Los Ángeles detuvo a seis manifestantes entre la noche del domingo y la mañana de ayer por su negativa a dispersarse y levantar el bloqueo de una de las principales arterias de la ciudad. Algunas de las personas que participaban en las protestas de la ciudad angelina lanzaron piedras y pilas a los agentes de seguridad, quienes dispararon balas de fogueo en respuesta a los ataques. En Nueva York, más de un millar de personas se manifestaron en Times Square en la noche del domingo, recorriendo las calles de Manhattan para evitar a la policía, que arrestó al menos a una docena de manifestantes.