El Cairo. Los políticos islámicos en Egipto dejaron fuera de juego al Consejo Militar, que en su momento fue muy poderoso, pero el intento del presidente Mohammed Mursi de quitar competencias a los jueces no ha tenido tanto éxito. Los Hermanos Musulmanes, que han estado respaldando las decisiones de Mursi, buscan ahora un camino para poner fin a las protestas contra la declaración constitucional del presidente "salvando la cara".
El domingo, la presidencia intentó calmar las aguas, puntualizando que la polémica decisión del mandatario tendrá vigencia hasta que entre en vigor la nueva Constitución. Pero eso no satisfizo a los adversarios de Mursi, pues temen que la nueva Constitución de Egipto se transforme en una versión "light" del Estado teocrático saudí. El presidente Mursi defendió ayer en una reunión con magistrados del Consejo Superior de Justicia la declaración constitucional que blinda sus poderes y decisiones ante la ley. Según declaraciones a los periodistas del portavoz presidencial, Yaser Ali, el mandatario aseguró que su objetivo es conducir la transición para "llevar al país lo antes posible a la etapa de la estabilidad constitucional y legislativa".
Durante la reunión, el presidente insistió en que ha actuado siguiendo sus prerrogativas y expresó su "respeto total a la autoridad judicial independiente". El Consejo Superior de Justicia ha calificado de "agresión sin precedentes contra la independencia del poder judicial" la declaración constitucional, aunque ha pedido a los magistrados que no sigan la huelga convocada por el Club de Jueces. Pese a estas críticas, Ali informó anteriormente de que Mursi es "optimista" en que los egipcios van a superar las dificultades que están sufriendo.
En la misma línea, el ministro egipcio de Justicia, Ahmed Meki, afirmó que la crisis está a punto de resolverse y que, tras la reunión con los jueces, "las diferencias desaparecerán". "Mursi cuida mucho el establecimiento de un Estado de la ley y lo que ha pasado ha sido un malentendido por la falta de claridad en las intenciones del presidente y el ambiente de discordia", dijo Meki a los periodistas, tras una reunión de ministros de Justicia árabes. Esta reunión coincide con la decisión de la Justicia egipcia de examinar el próximo 4 de diciembre la validez de la declaración constitucional, que ha desencadenado una ola de protestas en el país. El juez Abdelmequid al Moqanan, vicepresidente del Consejo de Estado, informó de que la corte examinará en esa fecha las doce denuncias presentadas contra el decreto, que piden el cese de su aplicación y su anulación.
Los recursos, uno de ellos remitido por el presidente del poderosos Club de Jueces, Ahmed el Zind, afirman que esa declaración "viola todas las Constituciones y las leyes". Según Al Moqananm, las denuncias también indican que Mursi, como jefe del poder Ejecutivo, no tiene derecho de emitir declaraciones constitucionales sin recurrir a un referéndum supervisado por los jueces. Por otro lado, acusan a Mursi de abuso de poder por blindar sus decisiones y poderes frente a la Justicia y apuntan que las decisiones del presidente son administrativas y pueden ser sometidas a recursos ante los tribunales administrativos.
El pasado jueves, Mursi declaró que todas sus decisiones son definitivas e inapelables ante la Justicia hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución y que las actuales Cámara alta del Parlamento y Asamblea Constituyente son indisolubles. Tras el anuncio de esta decisión, los disturbios se han extendido por el país y han causado hasta el momento un muerto y más de 440 heridos, de acuerdo a los datos difundidos ayer por el Ministerio egipcio de Sanidad.
No valen las explicaciones Los opositores de Mursi, un colorido frente de partidos de izquierda, liberales y personalidades, no quieren saber nada de sus explicaciones. Le exigen sencillamente que la retire. Y cuentan con el respaldo de los países acreedores de Occidente que han advertido a Mursi en contra del decreto, que acaba con el principio democrático de la división de poderes. Mursi cuenta hasta ahora solo con el apoyo de los círculos religiosos. Los islamistas radicales de los salafistas se han mostrado solidarios en este tema con los Hermanos Musulmanes. Ayer salieron a las calles de la capital egipcia miles de estudiantes de la universidad islámica Al Azhar.
Pedían una "limpieza de todas las instituciones estatales". Tamer Wagih, un analista del diario independiente de El Cairo Al Masry Al Yum, señala: "Es cierto que un núcleo de la cúpula de los Hermanos Musulmanes está integrado por personas modernas que pertenecen a la clase media alta. No obstante, el movimiento tiene su base en las regiones apartadas, donde se mezcla la ira contra la modernización con las tendencias conservadoras. Mursi encarna justo esa forma de pensar". Pero Wagih advierte de que en esta lucha, los islamistas, sedientos de poder en su opinión, están perdiendo de vista al viejo enemigo, el régimen de Hosni Mubarak. Además pide a "las fuerzas revolucionarias" que conformen una alianza contra las aspiraciones hegemónicas de los Hermanos Musulmanes, pero sin contar con "los restos del régimen de Mubarak". Pues de lo contrario, afirma, los egipcios podrían ir de mal en peor.
