vitoria
Desde el inicio del último proceso de paz en Colombia han pasado 14 años y la situación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha cambiado radicalmente: en estos últimos años han perdido a su líder histórico, Manuel Marulanda -fallecido en 2008 por enfermedad-; tres miembros del secretariado han sido abatidos, por primera vez, por la fuerza pública colombiana -Raúl Reyes en un bombardeo en Ecuador en 2008, el Mono Jojoy en una operación del Ejército en 2010 y Alfonso Cano en el marco de la Operación Odiseo en 2011-; sus efectivos se han reducido a menos de la mitad -de casi 20.000 a los 8.000 actuales-; han readaptado su forma de lucha a la guerra de guerrillas, y han perdido tanto territorio como respaldo internacional -en 2002 fueron incluidas en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea-.
Aquellas negociaciones se alargaron durante los cuatro años de Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) en una zona desmilitarizada de 42.000 km2 en la región del Caguán. El histórico encuentro en febrero de 2001 entre el mandatario colombiano y Marulanda, con abrazo incluido, dio la vuelta al mundo, pero Pastrana puso fin al proceso de paz un año más tarde tras el secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem, una decisión muy criticada por la comunidad internacional y la ONU.
Entonces, el presidente lanzó una intensa operación militar para retomar el control de la llamada zona de distensión y la guerrilla retomó su actividad armada. Fue en medio de esa operación militar cuando la candidata presidencial Ingrid Betancourt decidió ir por tierra al municipio de San Vicente del Caguán, la principal población de la terminada zona de distensión, pese a las advertencias del Ejército. Betancourt fue secuestrada por las FARC junto a su candidata a la vicepresidencia Clara Rojas, un cautiverio que duró más de seis años y que terminó tras uno de los mayores golpes militares asestados por el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) a la guerrilla.
Nueva oportunidad Tras diez años de espera, el actual presidente Juan Manuel Santos ha confirmado esta semana que se han llevado a cabo "conversaciones exploratorias" con la guerrilla con el fin de iniciar un nuevo proceso de paz. El diálogo ha tenido lugar en La Habana desde febrero con total hermetismo y en él han participado el consejero de Seguridad Sergio Jaramillo, el ministro del Medio Ambiente Frank Pearl y el hermano del presidente Enrique Santos por parte del Gobierno, y el comandante guerrillero Mauricio Jaramillo, alias El Médico, por parte de la guerrilla. Ambas partes han llegado a un preacuerdo sobre los puntos a tratar en las futuras negociaciones, que comenzarían el 5 de octubre en Oslo, pero que tendrán La Habana como sede principal. Asimismo, Venezuela y Chile actuarán como países garantes.
"La diferencia con el Caguán es que ahora la paz es la primera opción tanto para la guerrilla como para el Gobierno", sostiene Ariel Ávila, del Observatorio del conflicto armado Corporación Nuevo Arco Iris. El investigador colombiano apunta otras diferencias: "Las poblaciones rurales están ya cansadas de la guerra y de ahí las movilizaciones recientes de grupos campesinos e indígenas; en las regiones hay una fuerte presión a las FARC y al Gobierno para que negocien. Además, hay una agenda ajustada a sus proporciones, no es la agenda del Caguán, que era muy ambiciosa, es una agenda positiva".
De la misma opinión es Ricardo Correa, especialista en temas de conflicto armado y paz. "El documento que hicieron es oportuno para el momento actual y tengo la intuición de que podría salir algo positivo de este proceso", señala. El texto establece, entre otros aspectos, la futura participación política de los miembros de las FARC, un cese del fuego bilateral y definitivo, el resarcimiento de las víctimas, garantías de seguridad para ambas partes así como su movimientos afines y abordar una política agraria para el país. El presidente colombiano señaló que quiere "aprender de los errores del pasado para no repetirlos". En ese sentido adquiere especial importancia el tema de la seguridad si se tiene en cuenta el trágico capítulo del exterminio de Unión Patriótica, partido político surgido del acuerdo de cese el fuego y tregua alcanzado entre el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla colombiana, por parte de grupos de narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado, un hecho que motivó el retorno a las armas de las FARC.
Colombia ha asistido a un tercer proceso de paz, liderado por el presidente César Gaviria (1990-1994), quien estos días sonaba como negociador del Gobierno colombiano en las futuras negociaciones. Betancur, Gaviria y Pastrana han aplaudido el nuevo intento del Gobierno de Santos. "Estoy profundamente esperanzado en un proceso de paz", ha manifestado el primer presiente que inició una negociación. "No nos escandalicemos y dejemos que vayan evolucionando las cosas, antes de que los guerrilleros pronuncien discursos en el Congreso habrá llegado la paz", ha agregado Betancur.
Oposición de uribe Sin embargo, quien se ha opuesto radicalmente a las negociaciones de paz es el expresidente Álvaro Uribe, que sigue apostando por la política de mano dura llevada a cabo durante su gobierno. Uribe, enfrentado al actual mandatario prácticamente desde que le traspasó el cargo en 2010, acusa a Santos -que fue su ministro de Defensa- de abandonar la política de Seguridad Democrática implantada por ambos en la legislatura anterior. "Eso es lo que estamos logrando en Colombia, permisividad, complacencia con el terrorismo", asegura.
"La estrategia militar de 2002 a 2008 fue muy lesiva para las FARC, las debilitó mucho. A partir de 2009, la guerrilla empieza a acomodarse, a cambiar la estrategia de guerra, pero el Ejército había ganado tanto terreno que acomodarse no les iba a permitir tener una situación de robustez militar como la de antes. Del lado del Gobierno, la promesa del presidente Uribe había sido acabar con la guerrilla por la vía militar y no la cumplió. El presidente Santos, que fue ministro de Defensa pero al mismo tiempo una persona cercana al diálogo, empezó a jugar con las dos caras: por una lado una acción militar contundente y, por otro, explorar otros caminos de negociación", explica Ricardo Correa. De hecho, a pesar del inicio de los contactos, tanto la guerrilla como el Ejército han continuado con sus acciones violentas.
"El cese del fuego vendrá luego, ahora se trata de unas exploraciones, declaran únicamente que se van a sentar a dialogar. Creo que ha sido una manera inteligente de presentarlo", agrega el especialista. Tanto Correa como Ávila destacan como uno de los puntos más delicados a tratar el tratamiento judicial que se dará para los delitos cometidos por las FARC. "Hay una serie de delitos que tienen un tratamiento internacional muy definido y en los que el estado ha perdido competencia y jurisdicción para tratarlos autónomamente; es el caso de los crímenes de guerra y y los delitos de lesa humanidad. Hay, además, una jurisprudencia nacional en la que estos delitos no pueden ser amnistiados. Sin embargo, si esto se lleva a rajatabla, una vez firmada la paz, todos se iban derechos a la cárcel. Las instancias internacionales tienen que entender que hay un bien superior que es lograr la paz", sostiene Correa.
"Otro punto es cuál va a ser la actitud de las FARC sobre los delitos que cometió, porque su capacidad de autocrítica es nula. Ese será un tema muy delicado", señala. "Entre los obstáculos internos están la reforma agraria, la participación política y las garantías judiciales. Luego hay otros obstáculos, el uribismo y algunos actores internacionales que se van a oponer a las negociaciones. También latifundistas que históricamente han estado ligados a los paramilitares. Habrá que acabar con la vieja práctica de políticos regionales con ejércitos privados que se oponen a la restitución de tierras", concluye Ávila.
