Bruselas. La Comisión Europea llevaba semanas amagando con expedientar a Hungría por la polémica reforma constitucional impulsada por el gobierno de Viktor Orbán, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Ayer, tras semanas de cartas, análisis y debate en el colegio de comisarios, el Ejecutivo comunitario decidió pasar a la ofensiva y abrir un triple procedimiento de infracción al considerar que los cambios vulneran las leyes europeas y ponen en cuestión la independencia de la judicatura, del Banco Central húngaro y la autoridad de protección datos. Orbán tiene un mes para reconsiderar la decisión. El político conservador se desplazará a Bruselas el próximo 24 de enero para dar su versión.

No obstante, Orbán intentará explicar hoy su visión de la nueva Hungría ante un pleno del Parlamento Europeo, según anunció ayer el nuevo presidente Martin Shulz, que ya le saltó a la yugular el año pasado tras aprobar una de ley de medios de comunicación que muchos denominaron "ley mordaza" y que le valió el apelativo del "Chávez europeo". Era el 19 de enero de 2011 y Orbán, que se estrenaba como presidente semestral de la UE, empezaba con mal pie el año ante un pleno de Estrasburgo en su contra y con eurodiputados con esparadrapos blancos tapando sus bocas.

Curiosamente, un año después vuelve a estar de nuevo en el mismo escenario. Esta vez por unos cambios legislativos defendidos a capa y espada por un Gobierno, el que lidera desde 2010 el conservador Fidesz, que cuenta con dos tercios del parlamento magiar pero al que miran con mucho resquemor desde Europa. En esta ocasión tres son los elementos que han hecho saltar todas las voces de alarma. Para empezar, Bruselas entiende que la nueva legislación socava la independencia del Banco Central, al permitir a un ministro participar en las reuniones del comité monetario. Además, consideran que hay interferencia al aumentar el número de vicegobernadores que pueden ser designados directamente por el Gobierno, por la nueva norma para destituir al gobernador central y porque la agenda de trabajo debe ser enviada con antelación al Ejecutivo lo que impide mantener discusiones confidenciales.

El segundo foco es la judicatura y sobre todo la decisión de adelantar la edad de jubilación de jueces y fiscales de los 70 a los 62 años. Según Bruselas, esta decisión es discriminatoria, insiste en que no ha encontrado ningún argumento sólido que apoye esta decisión y advierte que es cuestionable legalmente porque precisamente Hungría acaba de comunicar su intención de elevar a los 65 la edad de jubilación. Temen además que detrás de este cambio se encuentre la intención de eliminar del espacio judicial húngaro a 274 jueces, algunos del Tribunal Supremo.

Bruselas duda Por último, en Bruselas se duda de la independencia de la nueva autoridad de supervisión de datos. La nueva normativa sustituye anticipadamente al responsable máximo, permite al primer ministro y el presidente nombrar un nuevo supervisor y da nuevos poderes a una nueva agencia nacional de protección de datos. "Confiamos en que las autoridades húngaras hagan los cambios necesarios para garantizar el respeto al derecho comunitario. No ha sido el caso hasta ahora y por ello hemos decidido lanzar los procedimientos de infracción", anunciaba ayer Barroso. "Hungría es un miembro clave de la familia europea. No queremos que persista ninguna sombra sobre el respeto a los principios democráticos y valores. Cuanto antes se resuelva esto mejor", dijo.

El Gobierno húngaro tiene hasta el 17 de febrero para responder. Si no lo hace satisfactoriamente la maquinaria europea seguirá funcionando y el caso podría terminar ante el Tribunal de Justicia europeo y con Hungría sancionada con la congelación de fondos de cohesión. Un trámite que podría llevar años. Aún así, la Comisión tiene otra forma de presionar al gobierno de Orbán más efectiva. Hungría necesita entre 15.000 y 30.000 para evitar la suspensión de pagos. Ya ha solicitado ayuda a la UE y al FMI que mantienen bloqueadas las negociaciones.