El 22 de septiembre, la OLP demandará en la ONU el reconocimiento del Estado palestino como miembro de pleno derecho, una iniciativa avalada que de ser aceptada supondría la superación de su actual estatuto como observador permanente, que data de 1988. La propuesta será defendida el viernes 23 por Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y líder de Al Fatah, que abordará el tema de las fronteras, los refugiados, los asentamientos judíos ilegales y la cuestión de Jerusalén, entre otros.

Como ya es sabido, Israel y EEUU se oponen a esta iniciativa, habiendo anunciado Obama que hará uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Conviene matizar que el reconocimiento de los Estados no es en todo caso competencia de la ONU, sino un asunto bilateral de los demás Estados y gobiernos. Palestina ya es reconocida como Estado por 120 países. Ahora bien, su incorporación plena en Naciones Unidas sería un paso decisivo para romper el actual statu quo que le perjudica, trasladando el conflicto de un esquema basado en la bilateralidad (israelo-palestina) a otro de carácter multilateral donde estaría mucho más obligada la intervención de la comunidad internacional.

Ciertamente, Israel no acepta la propuesta palestina porque su proyecto expansivo de colonización se apoya en lo que se presenta como una lucha por la tierra entre un Estado que establece hechos consumados y un pueblo que carece de instrumentos suficientes para defender su territorialidad, aun cuando la legalidad internacional le ampare. La política sionista tendría muchos más problemas si su ocupación y colonización se diera como incursión en el interior de un Estado con base territorial reconocida y legal en la ONU. En realidad, si los dirigentes palestinos presentan ahora esta iniciativa es por la imposibilidad de desarrollar negociaciones serias con el gobierno israelí. Esto es así porque la práctica histórica de Israel consiste en avanzar de facto en su proyecto de inversión demográfica, expulsando palestinos y construyendo nuevas colonias, mientras hacer ver que quiere negociar pero nunca lo hace.

La propuesta se produce en un escenario en el que veinte años después de la Conferencia de Madrid (1991), Cisjordania ha dejado de ser un territorio palestino con enclaves judíos, para convertirse en una geografía israelizada con enclaves palestinos. Esto quiere decir que los dirigentes palestinos no pueden seguir esperando a que la buena voluntad israelí acepte negociar, cuando en el terreno la judeización avanza imparable y hace cada vez más difícil un Estado palestino con los dos atributos clásicos: el control efectivo del territorio y la soberanía.

Esta cuestión es importante, pues aun cuando la declaración del estado palestino en 1988 fue un acto de autodeterminación y, por consiguiente unilateral, que no tiene porque recibir el consenso internacional de acuerdo con la resolución 3.236 de Naciones Unidas, lo cierto es que no ha podido ejercer como tal. Y es que la ocupación y colonización es más fuerte que el reconocimiento de 120 países (entre ellos, cinco grandes como India, China, Sudáfrica, Rusia, Brasil).

El procedimiento de admisión de un nuevo miembro en la ONU establece que es el Secretario General quien recibe la demanda y la remite al Consejo de Seguridad que la estudia y puede recomendar su admisión siempre que cuente con 9 votos y que un miembro de los cinco permanentes no use su veto. De manera que sólo si el Consejo de Seguridad lo considera, la petición pasa a la Asamblea General para su votación, siendo necesario dos tercios de los 192 estados miembros, para que el nuevo Estado sea aceptado.

Como se ha indicado, la aceptación de la solicitud abriría una nueva vía en el conflicto como es la legalidad internacional, superando la negociación bilateral donde Israel siempre gana. Es verdad que no por ello cambiarían las cosas en el terreno pero si se modificarían las coordenadas al inaugurar una "igualdad formal" entre dos estados en un conflicto que entraría en un marco multilateral, algo favorable a la víctima, al pueblo palestino que además tendría abierto el acceso futuro a la Corte Penal Internacional.

A falta de pocos días, Estados Unidos ha lanzado una ofensiva diplomática para intentar lograr apoyo a sus tesis de negación del Estado palestino en el marco de la ONU, por cuanto su ejercicio del veto le retratará ante el mundo, como una potencia que predicando la democracia en el mundo árabe práctica el apoyo a la ocupación y colonización de un país árabe, echando por tierra su marketing hacia las revueltas árabes. Sus llamamientos a que los palestinos regresen a una mesa de negociación bilateral con Israel, al que sospechosamente se ha adherido la ministra de exteriores Trinidad Jiménez -ahora no toca jugar a este juego-, carece de toda credibilidad. En realidad Obama lleva dos años cosechando fracasos en sus tentativas de convencer a los gobernantes israelíes a que se avengan a una negociación seria, algo que no es posible mientras no pare la construcción de colonias. En sus discursos Obama ha llegado a plantear un futuro estado palestino en las fronteras de 1967, pero siempre dejando en manos israelíes la aceptación de tal propuesta y obviando siempre el derecho internacional.

¿Qué pasará si la iniciativa palestina es vetada en el consejo de seguridad? En este caso Palestina tiene otra opción: presentarla a votación ante la Asamblea General. Su aprobación supondría pasar del estatuto de observador permanente al de Estado observador permanente. En la práctica Palestina pasaría a ser un estado no miembro de la ONU pero ampliamente reconocido y en un estatuto previo a la adhesión. Si la iniciativa lograra su objetivo sería un triunfo de la razón, de la ética y de la comunidad internacional. Si no sale adelante tiene sentido las palabras de Mohamed Totah, miembro del Consejo Nacional Legislativo palestino y parlamentario de Hamas: "¿Por qué no intentarlo? Lo bueno es que se va a mostrar al mundo lo que representa Israel y cómo los palestinos están luchando por sus derechos.