el cairo. El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, podría ser acusado de complicidad en hasta 846 casos de asesinato según se desprende del informe de la comisión oficial que investiga lo sucedido durante la revolución de enero. Los cargos se centrarían en las muertes de los manifestantes durante las dos semanas que duraron las movilizaciones que comenzaron el 25 de enero y que concluyeron con la abdicación de Mubarak el 11 de febrero. "Si el presidente dio la orden de disparar o calló sabiendo lo que estaba ocurriendo, él es responsable de la muerte de los 846 manifestante", afirmó el juez Omar Marawan, secretario general de la comisión.

El informe, presentado el martes por el juez y entregado a la Fiscalía General de Egipto, incluye el recuento definitivo de las bajas de las revueltas y sentencia que "al menos" 846 manifestantes fallecieron, a los que se suman 26 policías y 189 prisioneros. Además, 6.467 asistentes a las protestas, 30 agentes policiales y 263 personas encarceladas resultaron heridas.

Asimismo, el informe señala como cerebros de la Batalla del Camello, que tuvo lugar el 2 de febrero y que dejó centenares de muertos y heridos en todo el país, a los dos hijos de Mubarak, Alaa y Gamal, al ex presidente de la Cámara Alta del Parlamento, Safwat el Sherif; al magnate Ibrahim Kamel y al abogado Mortada Mansur. El informe confirma además que "la Policía egipcia utilizó munición contra los manifestantes el 28 y el 29 de enero", y que "hubo francotiradores que dispararon desde los tejados", acción de la que responsabiliza al Ministerio del Interior y a la Policía. Respecto a los prisioneros, el Comité subraya que dispone de vídeos que demuestran que las fuerzas de seguridad egipcias "permitieron que personas detenidas en cárceles egipcias lograran escapar".

El texto destaca que la revolución de Egipto "trajo lo peor de un régimen que estaba luchando con uñas y dientes para mantenerse en el poder" y subraya que debido a todos los rumores que circularon por esas fechas se creó el comité de investigación "para reunir pruebas y probar los hechos denunciados".

AI pide más Pero hay quien pide que las investigaciones vayan más allá de lo ocurrido durante la revolución. Así, Amnistía Internacional (AI) ha reclamado a las nuevas autoridades militares de Egipto que ordenen una investigación sobre los crímenes cometidos durante las tres décadas que Hosni Mubarak estuvo en el poder y que centre las pesquisas en las acciones de las fuerzas de seguridad que actuaron al amparo del estado de excepción. En su informe Tiempo para la justicia: el corrosivo sistema de detención de Egipto, la ONG apunta directamente al temido Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado (SSI), la policía secreta de Mubarak, como el instrumento por el cual se llevó a cabo esa represión. Y AI advierte de un peligro si no se lleva a cabo una depuración de responsabilidades: "Aunque los uniformes hayan cambiado, hemos visto que los cuadros de abusos continúan siendo los mismos. Es fundamental que se rindan cuentas de los crímenes cometidos en el pasado para que quede bien claro que ya no se tolerarán más violaciones".

Los agentes del SSI utilizaban la detención administrativa para recluir a personas que se mostraban críticas con las autoridades egipcias, activistas de Derechos Humanos y presuntos delincuentes durante todo el tiempo que deseaban, sin intención de que fueran procesados en un juicio penal, recuerda AI.