BERLÍN. Así lo aseguró hoy la organización independiente para la defensa del consumidor alemana "Foodwatch" en base a análisis efectuados con una prueba de las grasas comercializadas por la empresa Harles & Jentzsch, causante del escándalo, que lo confirman "con una posibilidad que raya con la certeza".
Un día después de que las autoridades reabrieran unas 3.000 granjas animales en el norteño estado federado de la Baja Sajonia, la ministra alemana de agricultura, Ilse Aigner, anunció que se estudia endurecer los controles y concesión de licencias a los productores de piensos.
Es necesario aclarar "si determinadas empresas, que se dedican al suministro de piensos, deben ser sometidas a una más severa concesión de licencias", afirma hoy Aigner en el rotativo "Süddeusche Zeitung".
Las declaraciones se producen poco antes de reunirse hoy con representntes de las asociaciones de agricultores y ganaderos, de los fabricantes de piensos y miembros de organizaciones de protección del consumidor.
"Quiero informaciones de primera mano", asegura la ministra, quien exige de los fabricantes de piensos que "no sólo participen activamente a la hora de aclarar lo sucedido, sino que también hagan propuestas concretas para evitar casos así en el futuro".
Ilse Aigner contempla todavía con reservas la propuesta de los afectados para crear un fondo de ayuda con el argumento de que deben ser las empresas suministradoras de los piensos contaminados las que respondan económicamente por los daños causados.
