WASHINGTON. La principal y más antigua organización estadounidense de defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), va a solicitar al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el procesamiento del ex presidente George W. Bush por haber violado las leyes norteamericanas contrarias a la tortura.

En un comunicado, la ACLU recordó este martes que Bush reconoció, en su reciente libro de memorias 'Decision Points', que había "aprobado el uso de técnicas de interrogatorio" ilegales, incluido el llamado 'submarino' (un tipo de ahogamiento simulado), para obtener informaciones que "salvaron vidas".

Los dos casos reconocidos por Bush fueron los de Abu Zubaydah, un miembro de Al Qaeda detenido en Pakistán en 2002 y que fue sometido al 'submarino' más de 80 veces, y Jalid Sheij Mohamed, detenido en marzo de 2003 en Pakistán y sometido en 183 a este mismo método.

La organización tiene previsto remitir este próximo jueves, como muy tarde, una carta a Eric Holder en la que le solicitará que ordene al fiscal adjunto de Estados Unidos, John Durham, el inicio de una investigación contra Bush por violación del Estatuto contra la Tortura.

El Estatuto contra la Tortura, según recordó ACLU, establece que debe entenderse como tortura "cualquier acto cometido por una persona que, bajo el amparo de la ley, intente infligir de forma específica graves daños físicos o mentales o sufrimientos a cualquier persona que se encuentre bajo su custodia o su control físico".

A juicio de ACLU, "el reconocimiento por parte del ex presidente de que había autorizado el uso de la tortura es un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos", un país en el que "nadie está por encima de la ley, ni siquiera un ex presidente".

"Si este país está realmente comprometido con el Estado de derecho, nuestros dirigentes no pueden ignorar esta evidencia que revela, de forma muy clara y plena, que nuestro antiguo presidente autorizó las torturas", concluyó el comunicado.

ACLU, fundada en 1920, cuenta en la actualidad con más de 500.000 miembros y simpatizantes y sus oficinas atienden cada año cerca de 6.000 casos de violaciones de las libertades civiles en prácticamente todos los Estados del país, según informó la organización.