LONDRES. Según informan hoy varios medios británicos, el Gobierno hará hoy mismo una declaración en la Cámara de los Comunes sobre ese acuerdo extrajdicial.
Algunos de esos hombres, todos ellos ciudadanos o residentes en este país, estuvieron detenidos en Guantánamo y seis de ellos han acusado a las fuerzas de seguridad británicas de complicidad en las torturas a que fueron sometidos en los interrogatorios sufridos antes de llegar a esa prisión en suelo cubano.
Se cree que el Gobierno ha tratado de evitarse así un largo y costoso proceso que habría arrojado luz sobre ciertos métodos de los servicios de inteligencia británicos.
Entre los que denunciaron al Gobierno por los maltratos durante sus interrogatorios están Bisher al-Rawi, Jamil el Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed y Martin Mubanga.
Esos ex reclusos acusan a los servicios de inteligencia británicos y tres departamentos del Gobierno de complicidad en las torturas y de no haber hecho nada por evitarlas.
En concreto, Binyam Mohamed, de 32 años y vecino de Londres, fue detenido en Pakistán en 2002 antes de que los norteamericanos le trasladasen a Marruecos, donde, según han denunciado sus abogados, fue sometido a salvajes torturas, antes de ser enviado a Guantánamo.
Mohamed, que fue puesto en libertad en 2009, asegura que en Marruecos sus torturadores le sometieron a un interrogatorio dictado por el MI5 (servicio de inteligencia interior británico).
El pasado mayo, el Tribunal de Apelaciones de este país dictaminó que el Gobierno no podía recurrir a "pruebas secretas" para defenderse de esas acusaciones y, en julio, el Tribunal Superior ordenó la publicación de medio millón de documentos relacionados con esas supuestas torturas.
En torno a un centenar de funcionarios de los servicios de inteligencia han estado trabajando sin parar últimamente en ese caso.
Al optar por pagar indemnizaciones, el Gobierno ha querido evitarse un largo proceso, que habría sido mucho más costoso, y la posibilidad de sufrir reveses en los tribunales.
Los términos del acuerdo alcanzado entre las autoridades y los abogados de los denunciantes se mantendrán en secreto por decisión de ambas partes, aunque el Gobierno informará al Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento, así como a la Auditoría Nacional.
Según el diario The Times, el pago de algunas de las indemnizaciones acordadas corresponde a los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriors.
Por su parte y de modo independiente, el Ministerio de Defensa se expone a otras trescientas demandas relacionadas con supuestos abusos de civiles iraquíes por parte de militares del Reino Unido.
Los servicios de seguridad británicos han negado en todo momento haber sido cómplices de la tortura y el mes pasado, el jefe del MI6, Sir John Sawers, tachó esos métodos de "ilegales y aborrecibles".
