Igual da que su autor fuera el filósofo Confucio, Lincoln, Mark Twain o el economista Keynes, el aforismo sigue del todo vigente: “Mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y confirmarlo”. Más en boga que nunca podría colegirse, pues la omnipresencia digital ha disparado la cifra de lenguaraces, dícese de las personas que hablan “con descaro y desvergüenza”, según la RAE.

Entre los deslenguados puede incluirse a ciertos jueces ahítos de protagonismo que lo mismo abanderan concentraciones para reivindicar la separación de poderes, mancillada por ellos mismos presionando en la calle al Ejecutivo, que propalan más allá de sus sentencias la falacia de la marginación del castellano en Euskadi. Así como en el primer caso se trata de confrontar dialécticamente, recordando a esos magistrados el deber de neutralidad para que a la Justicia no se le caiga la venda de los ojos –por ejemplo aferrándose algunos togados a mandatos ya caducados–, el Gobierno Vasco ha optado esta semana por recurrir además los fallos en cadena en contra de las normas para fomentar en la Administración el uso del euskera que preceptúan tanto la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias como la propia Constitución española. Ahora le toca hablar al Tribunal Supremo pero antes –en concreto en tres semanas– habrá de deshacerse el nudo idiomático de la ley vasca de Educación, con los modelos lingüísticos en el centro de una polémica artificial porque en esta cuestión particular lo trascendente es la demanda al concluir la ESO de un nivel B2 en euskera y castellano, así como el B1 de una tercera lengua. Desde la premisa de la autonomía de los centros y el bien superior de la mejor capacitación del alumnado para la mayor competitividad en un mercado laboral digitalizado y en innovación permanente, potenciando la Educación como pilar de la cohesión social y la igualdad de oportunidades. 

También en relación con Euskadi, las lenguas más viperinas se han soltado con singular acritud contra la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social como si fuese una graciosa concesión del Gobierno de Sánchez, por mucho que en efecto se haya comprometido en una exigente negociación política del PNV. Justo lo contrario, resulta un agravio histórico tal retardo en el traspaso, contenido en el artículo 18 y la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, con reflejo en el artículo 149 de la Constitución y detallados los servicios afectados en la hoja 35 del Gobierno Vasco. Cuánto mejor para la ciudadanía una ventanilla única que agrupe las políticas pasivas de empleo con las activas, hoy a cargo de Lanbide, aunque rabie la derechona rojigualda. 

Nada sorprendente en la carcundia vociferante, liderada en España por una ultraderecha que ha fagocitado en lo discursivo a un PP que haría bien en aprender de Argentina, donde Milei acaba de arrollar al conservadurismo convencional. Como Wilders en Países Bajos, mientras en el Parlamento Europeo se abona el populismo fascista con la amnistía a la catalana como cebo.