Hace tres semanas los medios de comunicación nacionales recogieron informaciones de The New York Times donde expertos en seguridad estadounidenses y europeos señalaban a grupos supremacistas de extrema derecha rusos como presuntos remitentes de la remesa de media docena de cartas bomba enviadas a diferentes instituciones y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No transcurrieron ni 24 horas de esas sesudas noticias cuando, coincidiendo con la visita del Ministro del Interior a Euskadi, la Policía Nacional tomaba el popular barrio de La Charca, en la cercana población burgalesa de Miranda de Ebro. El objetivo de un despliegue sin precedentes no era otro que detener a un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Gasteiz. Los cargos contra este antiguo enterrador municipal le atribuyen la autoría del envío de las explosivas misivas. De un plumazo y en un entorno mucho más próximo quedaron desmadejadas esas teorías de la conspiración llegadas del otro lado del Atlántico. Cuestiones tan simples como seguir el hilo de las compras del exfuncionario en internet o la procedencia de los sellos hicieron posible llegar al centro del ovillo. De una forma simple se desmontó y se sacó los colores a la inteligencia.
