Por suerte (o, quizá, por desgracia) uno está curado de espantos. Por eso no puedo decir siquiera que me sorprendió enterarme de que una lumbrera con galones de la policía española en Irun había establecido un plus de productividad que rezumaba racismo rancio. Tres días libres por uniformado por cada migrante capturado intentando pasar al otro lado. Un chollo, incluso si los guripas no conseguían echar el guante a los pobres desgraciados que intentan franquear la muga para continuar su huida hacia adelante en el estado francés. Solo por participar en la cacería, el premio consistía en dos jornadas de permiso remunerado.
Al césar lo que es del césar, ni nos hubiéramos enterado de no haber sido porque el sindicato policial Jupol lo denunció y los medios corrimos a poner el altavoz. Solo entonces, las autoridades del ministerio español de Interior entraron en juego con el difuso anuncio de la apertura de un expediente al mando que tuvo la ocurrencia. Para nota (aunque, de nuevo, tampoco para sorpresa), la reacción del delegado del gobierno español en la demarcación autonómica. Según Denis Itxaso, todo se ha tratado de “un error absurdo que ya se ha subsanado”. Espero que no cuele. Aquí no hay despiste que valga, sino un comportamiento a todas luces escandaloso que atenta contra la legislación vigente y, mucho peor que eso, contra los mínimos principios éticos que cabe exigir a unas fuerzas de seguridad de un estado que se dice democrático. Es verdad que todo acaba encajando cuando uno se acuerda del ministro Grande-Marlaska calificando como actuación impecable la que llevó hace un año a la masacre de la valla de Melilla.
