La Audiencia provincial de Araba ha confirmado lo que ya dijo hace algo más de un año el juzgado de instrucción número 2 de Gasteiz: no se ha podido acreditar ningún motivo para imputar ni a Jon Darpón ni a su equipo directivo por las irregularidades en la OPE de Osakidetza de los años 2016 y 2017. Es decir, que si quedaba alguna duda, el tribunal de segunda instancia tumba la colección de acusaciones –faltó la muerte de Manolete– que, en este caso, el sindicato LAB cargaba a la cúpula del departamento de Salud de la época.
Quizá lo elegante por parte de los que iniciaron este desbarre judicial habría sido reconocer que se les fue la mano en la lisérgica atribución de delitos y, aunque fuera con voz queda, lamentar el daño causado a las personas sometidas a la causa inquisitorial. Oigan, que estamos hablando de individuos que, solo por estar ahí, han sido sometidos a un brutal acoso y derribo que les costó, no solo el puesto, sino un manchurrón en su prestigio profesional con graves consecuencias en las respectivas carreras. Y también en sus vidas, que se me antoja que debió de ser lo más jodido. Pero no ha habido lugar al gesto de honradez tardía. Los denunciantes de nada de nada la han cogido llorona y se han liado a evacuar exabruptos que, con la esperable celeridad, andan repicando exactamente las mismas terminales mediáticas que participaron en una de las mayores cacerías políticas que se recuerdan en la demarcación autonómica. En el falso nombre de la lucha contra la corrupción, se aprovechó que unos vivales habían hecho trampas en un puñado de exámenes para derribar al enemigo político.
