Habrá que reconocer que algo de razón lleva Federico Jiménez Losantos cuando titula "Secretos a voces" su descarga de hoy en El Mundo. Resultaba un esperpento que los que salían de la comisión requeteconfidencial se pusieran a largar que es un primor sobre lo que tenían obligación de callar. Lo dicho, a huevo para que (entre otros) el latigador de Teruel se pusiera fino a cagüentales: "Pero una Comisión de Secretos Oficiales para la defensa de la nación y del Estado no puede incluir a sus enemigos, entre ellos el partido de la ETA, a cuya torva representante sonríen los medios progres, siempre más identificados con los terroristas que con sus víctimas".
El editorialista de ABC calca la martingala, aunque se deja algún que otro decibelio por el camino: "La primera consideración pertinente tras la reapertura de la comisión de secretos oficiales, a la que regresó ERC y acudieron por primera vez Bildu y la CUP, es el arrodillamiento del Gobierno ante estos partidos al descubrir parte de la seguridad del Estado ante quienes pretenden dinamitarla".
También el editorial de La Razón se desgañita sobre la presencia de los malos en la dichosa reunión, y añade como aportación propia una mano de pintura a los buenos: "Trucar las mayorías para colar a los enemigos del Estado en un cónclave crítico sobre materia clasificada de ese Estado ha resultado, además de insólito en las democracias conocidas, absolutamente baldío para los planes y los propósitos de Moncloa. En un Estado de Derecho consolidado, que no sea agredido a diario por los colectivos antisistema que se acomodan en el Consejo de Ministros, el Congreso y en otras instituciones, los espionajes ilegales a autoridades son gravísimos solo si se demuestran, nunca si se crean o se fabula sobre ellos, y en todo caso existe el deber de probarlos y de someterlos a la fiscalización de los tribunales".
Como quizá no quedaba suficientemente blanqueada la estampita del CNI, el director, Francico Marhuenda, incide con el jabón y la lejía: "La realidad es que estamos ante un escándalo artificial, porque el CNI no cometió ninguna ilegalidad. Las escuchas se realizaron con la autorización del Tribunal Supremo, que es el órgano competente, y tenían un fin legítimo, porque existía y existe una amenaza objetiva por parte del independentismo catalán en contra de España".
Fiel a su costumbre, Pedro J. Ramírez pone una vela a Jehová y otra a Belcebú en el editorial de El Español. Siempre, con argumentos en zigzag. Porque está mal espiar a Pere Aragonès, no porque sea algo feo sino porque puede reavivar el procés: "La "pacificación" de Cataluña, algo que ha resultado coincidir con precisión cuántica con los intereses partidistas del PSOE, no justifica esa demolición de las instituciones de la que los españoles están siendo testigos en tiempo real. Si las explicaciones sobre el porqué del espionaje a Aragonès se demoran más, el Gobierno conseguirá no sólo reactivar un procés que hoy es poco más que un placebo para los más infantilmente crédulos de los procesistas, sino "despacificar" el resto de España".
Y luego están los tremendistas como Rubén Arranz, que anuncia que este episodio será el principio de la demolición de España: "España pagará durante varias décadas las consecuencias del destrozo al país que han hecho sus últimos gobiernos. En especial, el de Sánchez. Como siempre ocurre, habrá quien sea plenamente consciente de la catástrofe que se ha generado estos años cuando se vea rodeado y sin vía de escape. Suele pasar".
Si quieren una versión todavía más lacromógena y apocalíptica, aquí tienen el último párrafo del editorial de El Debate: "Y esa degradación de todo, al paso de un Atila de la política, deja una huella difícil de borrar en España e imposible de ocultar ya al mundo: el legado del sanchismo, un régimen que parece ubicado ya en su fase terminal aunque ésta se prolongue hasta el final de la legislatura, va a ser tan profundo y dramático como difícil de restañar al corto plazo".