Arantxa Sánchez Vicario sigue haciendo frente a numerosos contratiempos en estas últimas semanas. Al margen de sus problemas económicos, tiene por delante varios juicios y una larga batalla contra su exmarido, Josep Santacana. Entre todos los datos que se han ido filtrando estos días, han salido a la luz más informaciones respecto a cuestiones legales.  

La primera queja de Sánchez Vicario tuvo lugar cuando sus abogados la asesoraron para que vendiese un inmueble adquirido en 2018 en Miami. La transacción se realizó mediante la sociedad Ocean Reserve, de la que era socia junto a Santacana. Cuando el matrimonio se separó, los abogados de su exmarido le informaron de que este le cedía sus acciones, dándole vía libre a hacer lo que considerase con la empresa y el apartamento.

Arantxa ya había adelantado una cantidad de más de 700.000 euros de los aproximadamente 3,2 millones que valía el apartamento. Ante esta situación, sus abogados le recomendaron que vendiera de nuevo su parte al anterior propietario, ya que así conseguiría recuperar el dinero. Al seguir este consejo, y una vez cerrada la operación, Kutner & Associates se quedó con todo el dinero como minuta.

A raíz de ese momento, la guerra estalló de nuevo. La defensa de Arantxa comunica a los juzgados de esa transacción y posteriormente, Santacana, la demanda por realizar la venta de una propiedad, porque la extenista carecía de los permisos correspondientes. A recordar, además, que el Banco de Luxemburgo tiene constancia de todos los movimientos y que esto podría perjudicar a Arantxa en posibles juicios. Como era de esperar, Santacana tiene conocimiento de estas operaciones.

Como consecuencia, Arantxa se enfrenta a sus antiguos asesores legales, los acusa de engaños y exige que le devuelvan el total de las facturas pagadas. Por si fuera poco, pone en duda que las minutas sean precisas. Asimismo, Arantxa considera también que su abogado “facturó en exceso y de forma fraudulenta por trabajos jamás realizados”.

Más datos legales

De acuerdo con los documentos judiciales, Kutner afirmó que su trabajo estaba valorado en casi un millón de dólares, en servicios prestados entre 2018 y 2020. En cuanto a Arantxa Sánchez-Vicario, cuando su abogado supo que había comprado una propiedad que podía vender, le instó a que lo hiciera y el dinero fue directamente a sus arcas.