La recaudación municipal por la tasa de residuos urbanos ha centrado parte del debate en la Comisión de Hacienda celebrada este miércoles. El concejal de Hacienda, Jon Armentia, ha detallado que el ayuntamiento emite un total de 119.129 liquidaciones por la tarifa de vivienda y que la facturación anual prevista para 2026 asciende a 20.020.119,83 euros.
Armentia ha precisado que 9.447 hogares se beneficiarán este año de un descuento del 10% por haber abierto el contenedor marrón de materia orgánica durante 2025. La distribución por superficie es la siguiente: 20 viviendas de menos de 45 metros cuadrados; 312, de entre 45 y 60; 1.542, de entre 60 y 75; 2.419, de entre 75 y 90; 2.564, de entre 90 y 105; 1.541, de entre 105 y 120; 752, de entre 120 y 150; 192, de entre 150 y 180, y 105 viviendas de más de 180 metros cuadrados.
Mayores esfuerzos técnicos
Sobre el destino de esos ingresos, el concejal ha señalado que los más de 20 millones recaudados "están directamente vinculados a la financiación de un servicio que cada vez exige mayores esfuerzos técnicos, ambientales y económicos para cumplir con los estándares de calidad y las exigencias normativas en materia de economía circular y tratamiento de los residuos".
Ha añadido que la legislación vigente obliga a que la tasa cubra el coste efectivo del servicio de recogida, transporte, tratamiento y gestión de residuos urbanos. "El objetivo fundamental de esta tasa es garantizar la sostenibilidad financiera de un servicio público esencial para la ciudad, evitando que su coste recaiga sobre el conjunto de la ciudadanía a través de otros impuestos municipales", ha concluido.
Desde la oposición, la portavoz del PP, Blanca Lacunza, ha criticado que el 30 de junio el ayuntamiento girará "dos de los recibos más importantes y costosos para el bolsillo de los vitorianos, como son el IBI y la tasa de basuras". Lacunza ha recordado que el IBI ha acumulado una subida del 6,5% en dos años (un 4% en 2025 y un 2,5% en 2026) y ha vuelto a censurar el incremento de la tasa de residuos, que el año pasado llegó a escalar "entre el 80% y el 150% respecto a la tarifa anterior". "Este año 2026 vuelve a subir y ya veremos en 2027 qué pasa con el nuevo contrato que entró en vigor el pasado 1 de junio, que nos va a costar más de 38 millones al año", ha advertido.
La concejala popular ha reclamado además que la tasa tenga en cuenta el número de personas empadronadas en cada vivienda y si un local comercial tiene actividad o no. "Es impensable e ilógico que estén pagando hogares sin nadie empadronado, que esté pagando igual un hogar con una persona que una unidad familiar de cuatro, o que paguen locales sin actividad más que locales con actividad", ha argumentado. Lacunza ha pedido también al equipo de gobierno que plantee "un calendario fiscal un poco más flexible que alivie el bolsillo de los vitorianos".
