EH Bildu exige que "quienes hagan negocio con la vivienda paguen más"

Con el objetivo de frenar la especulación en materia de vivienda, EH Bildu ha registrado en las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa un paquete de medidas fiscales. La reforma busca gravar a aquellas personas o empresas que hacen negocio con la vivienda, ya sea mediante la compraventa o a través del cobro de alquileres abusivos.

"En la situación de emergencia habitacional en la que vivimos, el fondo de la cuestión es la tendencia a usar la vivienda como negocio o inversión. Por eso necesitamos adoptar medidas para devolverle su función social esencial y vital. Y para ello hay que modificar radicalmente la política fiscal actual", ha explicado la portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Eva López de Arroyabe. La propuesta plantea modificar cuatro impuestos: el Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.

Impuesto de Sociedades

En el caso del Impuesto de Sociedades, EH Bildu propone eliminar la bonificación del 90% sobre los ingresos de quienes dispongan de más de cinco viviendas en alquiler, al considerar que no es admisible que quienes hacen negocio con el arrendamiento disfruten además de ventajas fiscales.

Respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava la compraventa de inmuebles, la coalición plantea aumentar el tipo aplicable a partir de la tercera vivienda adquirida, con incrementos aún mayores para los grandes tenedores, es decir, quienes posean cinco o más inmuebles. "Con esta medida queremos poner obstáculos a la concentración de viviendas y a la inversión especulativa. En definitiva, planteamos que quienes hacen negocio con la compraventa de viviendas paguen más", ha detallado López de Arroyabe. Para quienes acceden a su primera vivienda, el impuesto reducido se mantiene sin cambios.

Recargo en el IRPF

EH Bildu propone también un recargo del 20% en el IRPF para las viviendas destinadas al uso turístico, así como para quienes alquilen una vivienda en zonas declaradas como tensionadas y cobren rentas por encima de los índices de referencia. En este último caso, además, no podrán acogerse a las bonificaciones vigentes. "No es admisible que la renta media del alquiler supere los 1.300 euros mensuales, muy lejos de los índices de referencia que establecen precios que oscilan entre los 624 y los 813 euros", ha añadido la portavoz.

Por último, en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, la propuesta plantea aplicar la base imponible más alta a los grandes patrimonios, con un umbral fijado en 800.000 euros. "Como hemos repetido en infinidad de ocasiones, para hacer frente al problema de la vivienda será necesaria la implicación de todas las instituciones y la aplicación de todos los instrumentos disponibles. La política fiscal debe estar también al servicio de ese fin, gravando a quienes ven en la vivienda una oportunidad de negocio y generando fondos públicos que permitan garantizar que la vivienda sea un derecho y no un lujo", ha concluido López de Arroyabe.