El Ayuntamiento trasladará los servicios de la calle San Antonio a locales propios

El futuro de los locales municipales situados en la calle San Antonio número 10 ha centrado parte del debate en la comisión de Hacienda de hoy. El concejal del área, Jon Armentia, ha anunciado que el gobierno municipal no renovará el contrato de arrendamiento cuando este expire, en febrero de 2027, y que los servicios actualmente ubicados en ese inmueble serán trasladados a locales de titularidad municipal.

"Este gobierno actúa con la previsión que merece para adoptar la mejor decisión para el interés general", ha afirmado Armentia, quien ha subrayado que el objetivo es "garantizar la continuidad de los servicios y proteger los servicios públicos". El concejal ha indicado que tanto los grupos municipales como la ciudadanía recibirán información sobre las nuevas ubicaciones "con la debida transparencia" cuando llegue el momento de concretarlas.

Un contrato polémico

La portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, ha aprovechado el debate para recordar la controvertida trayectoria del contrato. Según ha expuesto, la empresa Sbayre adquirió el inmueble en 2006 y lo arrendó al Ayuntamiento al año siguiente en condiciones que calificó de "fuera de lo ordinario con una cuota mensual de 12.500 euros más IVA, una actualización anual del 9%, lo que ha llegado a generar facturas de 22.000 euros mensuales". A ello se sumaban cláusulas que obligaban al Consistorio a asumir el coste de las obras realizadas en el local y el pago del IBI.

"Es uno de los contratos más cuestionados y debatidos de este ayuntamiento por lo dañino que ha sido para el interés general", ha señalado Vitero, quien ha cifrado el gasto total acumulado en más de seis millones de euros. La edil ha reclamado al gobierno municipal que cuente ya con un plan claro para cuando concluya el arrendamiento, dado que en los locales se encuentran actualmente la oficina de la Síndica, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales y una oficina de atención ciudadana.

En su réplica, Armentia no ha eludido la crítica al origen del contrato. "En su momento, un gobierno tomó una mala decisión, claramente perjudicial para la ciudadanía", afirmó, para añadir que "en este momento hay otro gobierno que actúa con responsabilidad y respeto al dinero público". El concejal ha remarcado que el Ayuntamiento no continuará con un alquiler de alrededor de 20.000 euros mensuales "cuando existen alternativas más razonables y eficientes".