16 porteros sin habilitación en 23 locales de ocio nocturno inspeccionados en Vitoria

La Comisión de Seguridad, Gobierno Abierto y Modernización de la Administración celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Vitoria evidencia la existencia de un problema en torno al personal de control de accesos en los locales de ocio nocturno de la capital alavesa.

En concreto, de los 23 establecimientos inspeccionados tras el trágico fallecimiento de un joven gasteiztarra a las puertas de la sala Mitika el pasado mes de febrero —a manos de un portero que posteriormente fue acusado de homicidio o asesinato— se ha confirmado que 16 personas no contaban con la habilitación necesaria como personal de servicio de admisión.

Esta cifra, sumada a la falta de una metodología clara por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para controlar el ocio nocturno, así como al hecho de que el portero implicado en el suceso contaba con antecedentes, ha centrado las exigencias de la oposición durante una comisión en la que se clamó por el uso de todas las herramientas legales posibles para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

César Fernández de Landa, responsable político del Departamento de Seguridad del consistorio, aseguró tras el primer turno de ruegos y preguntas que la labor de la Policía Local es inspeccionar, pero no juzgar, y ha subrayado que el portero de la sala Mitika disponía del carné que le acreditaba para desempeñar su función.

En este sentido, el edil ha añadido que las inspecciones que realiza la Policía Local se enmarcan en tres grandes ámbitos: la Ley de Seguridad Ciudadana, el tráfico y el resto de ordenanzas municipales. También ha señalado la necesidad de distinguir entre los diferentes niveles de competencia: la inspección, la instrucción y la fase de resolución, siendo la primera de ellas la que compete a la Policía Local, que actúa mediante la recogida de datos, investigación, evaluación y posterior traslado al órgano instructor.

Policías de paisano en instalaciones de ocio nocturno

Es decir, Fernández de Landa ha recalcado que “en ningún caso la Policía Local puede sancionar o tomar medidas cautelares”, ya que esa responsabilidad compete al juez en base al ordenamiento jurídico. “Todas las actividades están sometidas a inspección, y la gran mayoría se centran en el ocio nocturno, con patrullas de paisano, lógicamente reforzadas con más agentes cuando es necesario”, añadía.

Estas inspecciones se centran especialmente en el control del ruido, del aforo y de la legalidad de las instalaciones. Además, la Policía Local incrementa la vigilancia en aquellos espacios donde se detecta un incumplimiento reiterado de la normativa.

Sin embargo, desde el grupo EH Bildu instan al Ayuntamiento a que “la Policía no actúe como juez, sino que traslade los resultados de las inspecciones y cumpla con todas las responsabilidades que le asigna la ley”. Desde Elkarrekin, por su parte, invitan a una reflexión para “dotar a los establecimientos de profesionales preparados”, mientras que el Partido Popular reprocha “la falta de empatía de quien ostenta la potestad de la Alcaldía”.

Desde la Junta de Gobierno Local, sin embargo, han instado a la oposición a “no aprovechar estos hechos para obtener rédito político” y aseguran que tanto el Ayuntamiento como la Policía Local actúan “en base a sus competencias y no pueden atribuirse otras distintas a las que les corresponden”.

En definitiva, tal y como ha zanjado Fernández de Landa, “el juzgado tiene las atribuciones para tomar las medidas que considere”, en un caso —el del portero de la sala Mitika— en el que se trasladaron tres atestados al juzgado por la posible comisión de un ilícito penal.