La Policía Nacional detuvo en mayo en Vitoria a cuatro personas acusadas de concertar matrimonios ficticios para regularizar a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio 3.000 euros.
Esta actuación supone un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y estafa, según ha recordado en una nota este cuerpo policial.
Las pesquisas se iniciaron cuando investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Vitoria supieron que se estaban conviniendo matrimonios falsos o parejas de hecho fraudulentas, con la finalidad de que el cónyuge en situación irregular pudiera obtener el permiso de residencia en España.
En un primer momento identificaron a un ciudadano de origen magrebí, en situación irregular, que había obtenido una tarjeta de residencia de familiar de comunitario tras formalizar una relación de pareja, previo pago de 3.000 euros, con una joven vitoriana de 22 años.
Para simular este ficticio vínculo afectivo, se habían empadronado juntos en un domicilio de la capital alavesa perteneciente a un tercero. Los agentes también averiguaron que el dueño de la vivienda ya había participado en la regularización de otro ciudadano extranjero en situación irregular utilizando el mismo sistema de engaño.
Simultáneamente, descubrieron que los responsables de la coordinación de la trama y puesta en contacto de estas parejas falsas eran un hombre y una mujer, ambos de origen colombiano.
Por todo ello, tanto estos dos últimos, como la joven que contrajo matrimonio ilegal, como el propietario de la vivienda dónde se empadronaban fraudulentamente fueron arrestados y puestos a disposición judicial.
Sobre este tipo de engaños, la Brigada de Extranjería y Fronteras de Vitoria ha realizado solo el pasado año un total de veinticuatro investigaciones de carácter administrativo sobre parejas de hecho donde se apreciaban indicios de fraude.
El resultado ha sido la sanción a un alto porcentaje de los investigados por infracción grave de la Ley de Extranjería castigada con multas que van desde los 501 euros hasta los 10.000 euros, además de la solicitud de la extinción de la tarjeta de familiar de comunitario.
