El Tribunal Supremo ha activado el procedimiento para intervenir en la investigación de la derivada del caso Koldo que afecta directamente al exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El paso dado no constituye, en sí mismo, rúbrica o confirmación de los supuestos que le vincularían a la acusación de asociación criminal que pesa sobre el resto de acusados en la presunta trama de corrupción pero sí alinea al tribunal con la interpretación de los indicios realizada en la instrucción previa desde la Audiencia Nacional por el juez Ismael Moreno. Es la condición de aforado de Ábalos –como diputado del Congreso– la que lleva a la Sala Penal a hacerse cargo de su pieza, pero también incorpora un supuesto delito de malversación que no figuraba hasta la fecha en el expediente. Aclarar la participación o no del exministro en la trama corrupta es una necesidad democrática, como lo es no predeterminar las conclusiones del proceso judicial. Debe servir para lo que el tratamiento político y mediático del caso no está permitiendo a la instrucción: identificar fehacientemente la implicación o no de la estructura pública en un tráfico de influencias que habría movido –y defraudado a la ciudadanía– caudales de todos. Es cierto que el tratamiento ante la opinión pública de las informaciones conocidas sobre el caso no ayuda a discernir lo que realmente se está investigando. Ahí está la mezcla de informaciones que son parte de la investigación con otras que no se han acreditado en ella –como la presunta relación de la trama del mediador Aldama en el rescate de Air Europa, sobre la que el instructor no ha hallado indicios–. El celo judicial no cuenta con el apoyo del compromiso político y de ciertos medios con la verdad. Pero, en este marco, Ábalos tiene ocasión de ser proactivo en defensa de su inocencia poniéndose a disposición de la investigación sin esperar a que le obliguen a hacerlo mediante un suplicatorio al Congreso. No lo ha hecho hasta ahora, pero tiene una oportunidad de prestar declaración renunciando al aforamiento que acabará cayendo por voluntad del Congreso. Hasta ahora, ha recurrido a la victimización como mecanismo de protección y su derecho a defenderse con todos sus recursos es indudable; pero acaba colisionando con su esgrimida lealtad a su partido y conciencia.