La presidenta de la Comisión Europea presentaba esta semana su Ejecutivo, que contiene características dignas de mención y retos significativos. En primer lugar, se ha incidido en la carencia de paridad de género en el Colegio de Comisarios; es precio advertir que el origen de esta situación está en los propios Gobiernos de los estados que no han cumplido con la demanda de Ursula von der Leyen de ofrecer una doble alternativa para su elección. Han sido varios los ejecutivos que han presentado sólo un candidato masculino. Llama también la atención el hecho de que rescate a la ultraderecha de Giorgia Meloni incorporando como comisario de Cohesión a su ministro Raffaele Fitto. Meloni y su partido quedaron fuera del consenso de fuerzas que eligió a Von der Leyen pero ésta ha querido lanzar un guiño al gobierno italiano. La cartera elegida es una jugada arriesgada en tanto las políticas de cohesión que deberá proponer no han sido precisamente el punto fuerte en la política interna italiana. Hay otros guiños en materia de distribución de temáticas entre los comisarios y la atención que se presta a ellas. Destaca la creación de un comisariado de Defensa y Espacio, que responde a la preocupación en materia de seguridad propia de un tiempo de convulsiones violentas en los márgenes de la Unión Europea. El escoramiento hacia la derecha que también se ha destacado viene a ser fruto del perfil de los propios gobiernos europeos actualmente activos. La Comisión no ha sido un factor de corrección de las tendencias ideológicas internas de los socios de la Unión y no cabía esperar que lo fuera en el segundo mandato de Von der Leyen. El peso de las funciones otorgadas a Teresa Ribera como vicepresidenta y supervisora de los comisarios de mayor calado social –vivienda, medioambiente– pero también en materia de competitividad –energía y competencia– hablan de un intento de equilibrar con la socialista el debate ideológico europeo. Debera poner freno a la dicotomía errónea de bienestar contra crecimiento. El modelo de Estado social del bienestar –amenazado por enfoques de desmantelamiento de lo público– y el del desarrollo, la competitividad y el crecimiento económico –igualmente cuestionados desde otro extremo ideológico como factores de desigualdad– deberán reforzarse mutuamente para ser sostenibles.