Aunque está a expensas de su aprobación por las bases de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el acuerdo para investir al socialista Salvador Illa como president del Govern catalán ya ha desatado la habitual diatriba en torno a la financiación autonómica. Bajo el manto de conceptos cogidos con pinzas, como los de igualdad, caja única o solidaridad, se abre un debate necesario pero lastrado por intereses políticos cuyo objetivo dista de establecer un modelo equilibrado y corresponsable en la generación y distribución de recursos y se orienta más bien a reclamar la absorción de ingresos fiscales ajenos para su redistribución. La primera trampa en ese solitario es precisamente que se pretenda comenzar el debate fiscal a partir de la distribución y no de la generación. Eso permite obviar el principio de de autosuficiencia y responsabilidad fiscal que rige los modelos de Concierto y Convenio de los territorios forales en su relación con el Estado. Los recursos que generan Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra son golosos para un reparto que reclaman sin empacho teóricos de la reestructuración fiscal del Estado, obviando que el sistema foral es parte de la propia naturaleza del mismo y su ruptura una quiebra del corpus constitucional. Catalunya aspira a una financiación singular que se resume en disponer de un volumen superior de los recursos que genera. No será un modelo foral y deberá asumir la obligación de suficiencia respecto al Estado, ni será más solidario que los mecanismos vigentes de equilibrio interterritorial y de los que País Vasco y Navarra participan en función de su PIB –en el caso de la CAPV por encima del mismo a la hora de aportar y pagar la deuda de todos–. El relato de la solidaridad debería arrancar por la generación de recursos públicos. Es palmario que Madrid se favorece del efecto succionador de recursos por la capitalidad y que reduce su presión fiscal respecto a la riqueza que generan mientras reclama más aportación ajena a la “caja común”. Con su relato, ha apaga el pulso centro-periferia en la calidad de vida de la ciudadanía y lo orienta hacia una competencia horizontal que disputa los ingresos de las periferias entre sí. Este problema, que es de las comunidades con menor PIB y renta del Estado, no lo resuelve aprobar ni impedir una financiación singular para Catalunya.