La ley de amnistía con la que se intenta reconducir a la política el debate territorial en Catalunya sufrió ayer un rehúse ante el primer obstáculo en el pleno del Congreso por el desmarque de Junts per Catalunya (JxCat) tras no ver aceptadas sus enmiendas “vivas”, con las que el partido de Carles Puigdemont intenta blindarle de los tipos penales activados en fechas recientes por iniciativa de dos jueces. La estrategia de confrontación y desgaste contra el Gobierno de Pedro Sánchez por parte de PP y Vox por este asunto gana al menos otro mes, por el retorno del texto a Comisión parlamentaria para su nuevo debate. JxCat ha decidido encastillarse y prolongar un pulso entre la acción política y la judicial en el que la primera victoria ha sido para los jueces que han logrado condicionar la agenda legislativa de las Cortes. El margen de dilación del que constituye el principal factor de tensión para el presidente del Gobierno a la hora de encarar el resto de sus iniciativas –comenzando por los Presupuestos– tiene que ver con la desconfianza del partido de Puigdemont. Junts no quiere fiar la estabilidad de su líder y su exoneración a que el propio procedimiento judicial desactive la instrucción en fase posterior. Es comprensible en tanto la desjudicialización sería imposible durante un período prolongado a la vista de la actuación de los jueces protagonistas, que los partidos del bloque de gobernabilidad consideran contaminada –cuando no prevaricadora–. Una actuación que contiene una interpretación de la causa en torno al procés abiertamente ad hominem, mediante la búsqueda de nuevos tipos penales a los que no se pueda aplicar la amnistía –como los delitos de traición y terrorismo–. No obstante, el toma y daca de la acción legislativa y la judicial acaba supeditando todo el campo de juego político a una esgrima normativa y procesal que no beneficia a nadie y prolonga la inseguridad jurídica. En ese sentido, aún entendiendo las razones de la desconfianza y el retraso que supondrá, la resolución de una instrucción judicial excesiva y orientada subjetivamente debería quedar en manos del propio procedimiento, de una tutela judicial efectiva o de la intervención de los órganos superiores de la propia magistratura que ponga fin a la indefensión que implica crear nuevas acusaciones a medida que se cierran otras vías de procesamiento.