La crisis creciente en Próximo Oriente, que acumula incidentes violentos y una escalada de acción y reacción que amenaza con arrastrar a quienes la practican más allá de su control, está sazonando de tragedia y decepción el momento político internacional. Tragedia inabarcable en las decenas de miles de muertes que está causando, especialmente en Gaza, y decepción por la simplicidad y la rendición ética que con la que los intereses geoestratégicos se traducen en renuncias a la responsabilidad. El golpe sistemático que sufre Naciones Unidas por los intereses de las partes enfrentadas amenaza con desmantelar su capacidad como mecanismo de gestión de las relaciones internacionales. La manipulación por todas las partes –especialmente Israel e Irán– marca el momento de la crisis y empuja a una política de bloques en la que la actuación independiente y humanitaria se convierte en una víctima más de la barbarie. No es casual que el Gobierno de Benjamin Netanyahu lance una campaña de desprestigio contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA en sus siglas en inglés) el mismo día en que el Tribunal de La Haya le exige medidas para impedir un genocidio en su actuación en Gaza. La voz más respetada sobre lo que ocurre en la Franja con la ofensiva hebrea que lleva más de 26.000 muertes causadas es la de la UNRWA, que desde hace años figura en el punto de mira de Netanyahu, que ya intentó que no se renovara su mandato de asistencia a los refugiados más allá de 2020 por razones de conveniencia política. La labor de la Agencia de la ONU desde 1949 es el constante recordatorio del desplazamiento masivo de seis millones de palestinos arrojados fuera de su tierra; impedir que se desarrolle la labor humanitaria de garantizar su supervivencia busca que su estatus de refugiados se sustituya por el de residentes allí donde se encuentren, liberando a Israel de las reclamaciones de derechos sobre los territorios ocupados. En este marco, es lamentable el seguidismo que el colectivo de aliados de Israel, con Estados Unidos, Alemania e Italia a la cabeza, que se amparan en la eventual participación en acciones terroristas de una docena de empleados de la ONU, del colectivo de más 15.000 que trabajan en la UNRWA. Decepcionante rendición ética que propicia el desastre humanitario.