Más allá de las dudas e incertidumbres propias del momento y del actual contexto, la nueva legislatura en el Estado español nace en un ambiente político y social irrespirable ante la actitud de las derechas. Se pudo comprobar en el pleno de investidura en el Congreso de los Diputados y se ha vivido noche tras noche en las calles, principalmente de Madrid en torno a la sede del PSOE, donde se han vivido graves incidentes, pero también en otros lugares del Estado. Ayer mismo, la convocatoria realizada por un centenar de grupos y apoyada por el PP y Vox reunió a decenas de miles de personas en contra de los acuerdos alcanzados por los socialistas, en especial sobre la futura ley de amnistía, para conseguir la continuidad de Sánchez como presidente del Gobierno español. Que las convocatorias del PP sean pacíficas frente a la violencia registrada a diario ante Ferraz no resta responsabilidad al PP en la generación de este ambiente tóxico y muy peligroso. Las acusaciones de fraude electoral y de engaño a la ciudadanía, la deslegitimación constante no ya solo del presidente del Ejecutivo –acusado de golpista y dictador–, sino de las instituciones, desde –de manera insólita– el propio rey hasta el Congreso y el Senado –donde se está desarrollando una acción propia del filibusterismo político–, pasando por la justicia y hasta de la Policía –a la que se le imputan actuaciones represivas desproporcionadas– están llevando a un cuestionamiento democrático más propio del trumpismo que de un partido de Estado. De ahí que ni siquiera extrañe ya ni la proclama de medio centenar de militares franquistas instando al Ejército a que proceda “a la destitución del presidente del Gobierno y a la convocatoria de elecciones generales” –es decir, a dar, este sí, un golpe de Estado– ni el silencio o la tibieza con que ha sido acogido este pronunciamiento por la derecha española. Sin embargo, parece obvio que con sus actitudes violentas y fascistoides y sus exabruptos la extrema derecha está jugando continuamente a crear el caldo de cultivo para ese “alzamiento” que reclaman los nuevos-viejos golpistas. Su gran baza es exacerbar el malestar por los pactos de Sánchez y por la amnistía. El PP no puede seguir con la ambigüedad de rechazar la violencia y alimentar la confrontación y la deslegitimación institucional, a riesgo de convertirse en cómplice necesario. l