La decisión del papa Francisco de citar, mediante el Dicasterio para el Clero, a todos los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a una reunión a celebrar en el Vaticano el próximo día 28 en la que él mismo estará presente es un acontecimiento excepcional cuyo contexto no puede pasar desapercibido. Aunque oficialmente el encuentro tiene como objetivo abordar las conclusiones del trabajo realizado por los obispos en su visita a los seminarios del Estado a principios de este año, la reciente presentación del informe sobre abusos sexuales a menores elaborado por el Defensor del Pueblo planea de manera indiscutible sobre la cita de Roma. La confirmada presencia en la misma del propio Jorge Bergoglio dota a la reunión, además, de mayor enjundia. A nadie se le escapa que un precedente similar ocurrido en 2018, cuando el papa reunió a los obispos chilenos, envueltos en una gran polémica por el encubrimiento de abusos sexuales, acabó con la dimisión en bloque de todos los prelados del país. De ahí que este encuentro haya levantado ciertas expectativas en las actuales circunstancias que vive la Iglesia en el Estado. El informe del Defensor del Pueblo ha sido acogido con excesiva frialdad y displicencia por la Conferencia Episcopal. Aunque su presidente, Juan José Omella, pidió perdón a las víctimas por el dolor causado y abogó por la protección y prevención de los abusos y por la reparación, puso también en cuestión las cifras del estudio –un asunto que, en efecto, es polémico porque no es sino una extrapolación estimada– y, sobre todo, aludió al “90% de las víctimas” de ámbitos ajenos a la Iglesia que siguen sin reparación. La reacción de Omella no ha estado a la altura ni en términos de responsabilidad institucional ni de empatía y caridad cristiana. No es de recibo que Omella diluya la responsabilidad de reparación de aquellos que sí le competen en un difícilmente mensurable café para todos. La Iglesia debe ahondar en su deber de impedir más abusos, denunciar aquellos sobre los que pudiera tener conocimiento, acompañar y ayudar a las víctimas y repararlas, personal, judicial, moral y económicamente, si fuera el caso. Es lo que exige desde su llegada al Vaticano el papa Francisco y a buen seguro que estará presente en una reunión con la CEE que puede ser clave para el futuro de la Iglesia en el Estado.
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