L a gravedad de la crisis que atraviesa la justicia en España asomó como era de esperar en el acto de apertura del año judicial. En su discurso, el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín, responsabilizó a los dos principales partidos españoles, el PSOE y el PP, del estado “desolador” del poder judicial, llegando a admitir que se encuentra en situación de “respiración asistida”. En su diatriba, el presidente del alto tribunal no solo afeó la incapacidad de ambos partidos para ponerse de acuerdo y renovar el órgano de gobierno de los jueces, sino que lo atribuyó a una enfermedad ya denunciada pero que en boca de los jueces equivale a una sentencia: la politización de la justicia, que alcanza de lleno a su independencia. El juez acusó a PSOE y PP de entrometerse en el poder judicial para obtener “ventajas políticas” y les instó a alcanzar un acuerdo que, visto el resultado de las pasadas elecciones generales, se antoja imposible. Esta situación en la cúpula judicial es consecuencia directa de la interinidad en el órgano de gobierno de los jueces, que lleva cinco años ejerciendo en funciones con el mandato caducado. El CGPJ vigente, nacido en 2013, tenía que haberse renovado en diciembre de 2018, sin embargo sus vocales van camino de duplicar el tiempo de mandato, eso sí, consagrando una mayoría conservadora alineada con el PP, lo que explica en buena medida la negativa de los ‘populares’ a participar de un acuerdo que altere un equilibrio que le favorece pero que no refleja la actual relación de fuerzas. Pese a sus quejas, tampoco la cúpula judicial está libre de responsabilidad, porque ha sido parte de un sistema de designaciones con impulso político que ha operado mientras ha funcionado el bipartidismo. Pero más allá de los asuntos de palacio, no hay que perder de vista que la justicia es un servicio público esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático. La ciudadanía y las organizaciones de cualquier ámbito que se ven las caras con la administración de Justicia se enfrentan a procesos que además de largos y costosos, muchas veces, marcan un antes y un después en sus trayectorias. Por eso, deficiencias conocidas como la falta de medios humanos y materiales inciden directamente en la demora para resolver los litigios, causando graves trastornos, tal y como lo puso recientemente de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos referido a la situación de la justicia en España.