El aumento del tiempo de convivencia y ocio durante los meses de verano es uno de los factores en la escalada de la violencia machista. Situaciones que provocan un mayor control del maltratador sobre la mujer pero que también aumentan las probabilidades de que la víctima confronte al agresor cuando el maltrato se extiende a los hijos. La violencia machista deja uno de los veranos más negros de la historia: 16 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante los meses de julio y agosto, los más trágicos del último lustro. Y con un plus de crueldad añadida como ocurrió el pasado domingo después de que un hombre degollara a su ex pareja en Sevilla con un arma blanca y otro tiroteara a su ex y luego se suicidara en Jaén. De hecho, de los 42 asesinatos registrados este año, al menos siete se han cometido con arma de fuego, razón por la que el Ministerio de Igualdad reclamaba ayer que se revisen las licencias de armas. Lo hizo en el comité de crisis convocado para analizar los crímenes por violencia de género donde también se demandaron otras medidas para reforzar la protección de las víctimas en momentos de especial riesgo como ocurre en la recogida de enseres, los meses de embarazo o durante la reagrupación familiar. Otro factor de “riesgo crucial” sobre el que hay que incidir es la pobreza, ante la vulnerabilidad económica a la que se enfrentan no sólo las víctimas sino los hijos y familiares que comparte techo con el agresor. Dificultades económicas, administrativas y diferencias culturales que provocan una mayor desprotección de la mujer emigrada, víctima del maltrato, que no siempre reconoce que detrás de esa violencia subyace una ideología que legitima la dominación masculina, que es injusta y perpetúa la discriminación. En el Estado ya suman 1.226 víctimas desde 2003, una contabilidad dramática que lejos de remitir marca una peligrosa tendencia al alza. Resulta por tanto imprescindible sumar esfuerzos y coordinar las distintas actuaciones para que las víctimas reciban la mejor atención social, sanitaria, policial, jurídica y judicial que redunde en una mayor protección y seguridad. El hecho de que sólo un 20% de las asesinadas en lo que va de año hayan denunciado nos debe hacer reflexionar como sociedad a la hora de alertar, denunciar y apoyar. También ante el aumento de las denuncias de chicas jóvenes –las cifras en Navarra y la CAV son evidentes– por situaciones de maltrato y control que se agudiza –cuando no normaliza– en las redes sociales.