Los calendarios del Banco Central Europeo (BCE) y del ciclo electoral en el Estado hicieron coincidir ayer el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de prórroga de las medidas para reducir el impacto de la inflación en el bolsillo ciudadano con la confirmación de que el BCE elevará el precio del dinero de nuevo en julio. Son estrategias en buena medida contradictorias que ponen sobre la mesa prioridades diferentes. La primera, responde a la voluntad de minorar el impacto de la inflación en la capacidad de consumo de la ciudadanía en vísperas de unas elecciones generales a base de reducir el IVA, facilitar la movilidad con subvenciones al transporte público y habilitar el acceso a la renovación del parque automovilístico eléctrico con deducciones, a costa de minorar los ingresos del Estado. La que propugna el regulador de la zona euro va en gran medida en dirección contraria e incide en que la inflación subyacente sigue siendo excesiva y debe contenerse a costa, incluso, de un menor crecimiento económico. Le respalda el Fondo Monetario Internacional (FMI), que advierte también a los gobiernos que no cedan a la contención del déficit. Es cierto que un déficit excesivo redunda a medio y largo plazo en una menor capacidad de actuación del poder público en la inversión y el mantenimiento de los servicios. El endeudamiento acaba reclamando pagos que pueden llevar a hacer inviables las mismas medidas paliativas del impacto de los precios. El desajuste fiscal de renunciar a la recaudación y aumentar el gasto es un riesgo. Tras el próximo ciclo electoral puede cerrarse el grifo del subsidio a los precios en cualquier caso: bien por la reducción de la presión fiscal que prometen unos, bien por la imposibilidad de mantener sine die un consumo subsidiado. En el otro extremo, la incómoda receta del BCE y el FMI apunta a que se reduzca la demanda: que seamos capaces de gastar menos. La inflación subyacente habla de un comportamiento no necesariamente coyuntural (puesto que no contempla energía y profuctos frescos) y eso refuerza su diagnóstico. Es preciso acotar el concepto general de bien necesario y proteger el acceso a él pero no confundirlo con una subvención lineal mediante impuestos indirectos que desequilibra la sociedad, premia más a quien más capacidad de gasto tiene y vuelve a llevarnos al principio del problema.