El desarrollo de la campaña electoral para las elecciones municipales y forales, además de autonómicas en el resto del Estado, vienen acreditando una estrategia de primera vuelta con la mirada en las generales de otoño por parte de los partidos de ámbito estatal, con una significativa incidencia en los anuncios del presidente Pedro Sánchez. La sucesión de mensajes que conllevan inversiones en diversos capítulos de políticas públicas tienen el común denominador de que se realizan desde una institución, el Gobierno, que no entra o no debería entrar en la lid electoral del 28-M y que se orientan prioritariamente a políticas sociales con el anuncio de inversiones cuya cuantía –salvedad hecha de la vivienda, el alcance de cuya materialización aún está en cuestión–, analizada con rigor, carece de la enjundia para transformar el panorama de los sectores afectados. Desde los recientes 38,5 millones para salud mental a los 580 para atención primaria pasando por la rebaja del precio del cine para los jubilados, la propaganda asociada a sus iniciativas adquiere dimensión real en comparación con los casi 456.000 millones de gasto previsto este año en los presupuestos. Pero, siendo esta estrategia de anunciar inversiones y subsidios una subasta inapropiada, lo realmente preocupante es el tono de convicción con el que el presidente español ha defendido ya abiertamente la invasión competencial como estrategia sistemática. Sánchez se jacta en sus mítines electorales de no atender a las limitaciones del ámbito competencial que le es propio y estar dispuesto a invadir los ajenos en esta espiral de iniciativas en beneficio de sus posibilidades de reelección. Si lo ha hecho en la vivienda –con la complicidad de EH Bildu y ERC– y anuncia su disposición a hacerlo en cualquier otro aspecto, es irresponsable por la inseguridad jurídica que va a provocar. Las instituciones con competencias invadidas no tienen más opción que recurrir en defensa de sus propias capacidades de gestión y estrategias de servicio público, por lo que todo el entramado de propuestas sociales de las que carece de competencia el Gobierno del Estado pueden acabar hundidas como un mal suflé o, lo que es aún peor, sometidas a un anquilosante itinerario judicial que impida materializar iniciativas de instituciones que sí son competentes.