La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular en 2015 no se modificará un ápice y el elocuente sobrenombre de ley mordaza seguirá vigente con todas sus consecuencias. No habrá esta legislatura derogación, como comprometió e incumplirá el Gobierno de Pedro Sánchez, ni reforma de sus apartados más lesivos de libertades, denodadamente buscada por el PNV desde 2017 con sucesivas iniciativas en el Congreso. Los votos de EH Bildu y ERC se sumaron a los de Junts y la derecha española para tumbarla entre los aplausos de PP, Vox y C’s y seguirá vigente sin que se pueda aventurar cuándo se dispondrá de la mayoría necesaria para su revocación o reforma. Por razones opuestas, la pinza alimentada desde la derecha ha contado con el apoyo de la izquierda independentista impidiendo una norma más progresista que la actual. Es cierto que la propuesta de reforma no prohibía de inmediato el uso de pelotas de goma ni las expulsiones en caliente, aunque el proceso negociador sí incluía compromisos para canalizar ambos aspectos en el futuro. Pero esas líneas rojas tras las que se amparan EH Bildu y ERC han servido para que ambos extremos sigan vigentes sin posibilidad de encarar siquiera su alteración en el futuro. La satisfacción de los partidos de la derecha con la continuidad del entorno legal restrictivo que hizo a la norma merecedora de su sobrenombre de mordaza, es el fiel de la balanza del error. La prisa por poner fin a su tramitación en Comisión, impidiendo un margen de negociación hasta su discusión en Pleno, habla del deseo de pasar página ocultando la responsabilidad de la izquierda independentista en el blindaje de la norma. El “cuanto peor, mejor” de preferir una mala ley a una más garantista aunque no satisfaga todos sus objetivos queda retratado. El no de ayer también fue un voto contra el derecho a las manifestaciones espontáneas; a no sancionar la mera grabación o difusión de imágenes en actuaciones policiales, acotando también lo que son y no son faltas de respeto a estos; de preservar la dignidad en los registros corporales. Y, así, hasta 36 medidas que habrían mejorado la protección de libertades individuales y colectivas del tratamiento coercitivo de una ley que ahora alimentará la retórica de los mismos que han impedido modificarla.