El Tribunal Supremo (TS) sentenció por fin el lunes el denominado caso De Miguel, que ha alimentado ríos de tinta y explotación política pese a que los diferentes jueces que han participado desde su instrucción han considerado que no había causa que implicara en ningún grado ni al partido al que pertenecían varios de los condenados –el PNV– ni a las instituciones gobernadas por este. Desde que saltó el caso, en marzo de 2010 con el arresto del principal acusado, ha servido a una conjunción de intereses políticos y mediáticos para tratar de construir una imagen de corrupción que equiparase al PNV con los escándalos que protagonizaban en todo el Estado cargos de otros partidos, fundamentalmente del PP y del PSOE –desde Gürtel a los ERE y más–. El más reciente episodio en esta dirección es de apenas unos días, cuando la permanencia de Alfredo de Miguel en su empleo fue objeto de críticas y escándalo pese a conocer sus promotores que, en ausencia de sentencia firme, no cabía desposeerle del mismo, extremo que el Gobierno Vasco ya ha anunciado ahora. La dilación del caso ha sido también una carencia del procedimiento con una larga investigación del ministerio público y una petición de penas “inflada” en la dimensión de los delitos y sus penas: petición de más de 400 años de cárcel para 26 acusados por 500 millones. El dato objetivo es que la Audiencia absolvió a 11 de ellos –uno más ahora por el TS–, los 14 restantes no sumaron 50 años de condenas conjuntas –ahora rebajadas de nuevo a seis acusados– y sin atisbo de fraude millonario. Todo ello se aderezó con el titular recurrente del “mayor escándalo de corrupción en Euskadi”. La exageración contrasta con la tolerancia cero que las instituciones vascas y el partido entonces presidido por Iñigo Urkullu acreditó desde el primer momento, desposeyendo a los acusados de las funciones que no requerían de sentencia judicial. Instituciones y PNV pidieron además perdón a la ciudadanía por el uso de sus nombres y relaciones para la comisión de delitos y esta lo valoró con el creciente respaldo en las urnas al conjunto de su gestión. Con el caso resuelto, queda su explotación interesada pero esta no debe restar fuerza a la firme denuncia y reproche de cualquier atisbo de corrupción, de fraude a la ciudadanía y a su derecho a la igualdad ante la función pública.