a decisión tomada ayer por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) mediante la que rechaza el recurso presentado por la Abogacía del Estado y deviene en firme la sentencia dictada anteriormente por Estrasburgo y que condena a España por vulnerar el derecho del exmiembro de ETA Xabier Atristain a un juicio justo supone el enésimo varapalo al sistema judicial de excepción que ha estado en vigor durante décadas. El Estado español acumula ya demasiadas sentencias en contra del Tribunal de Estrasburgo, último garante del respeto a los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). Esta decisión del TEDH añade aún mayor preocupación respecto a las garantías de respeto a los derechos en el Estado español. Baste decir que la repercusión pública y mediática de esta última resolución ha sido mínima, pese a que incide en uno de los grandes déficits de la justicia, un ámbito en el que los atajos como la incomunicación aplicada con carácter general bajo el consabido todo vale contra ETA ha sido la norma y no la excepción. La sentencia ahora ratificada es especialmente demoledora, por el carácter radicalmente básico de lo que denuncia. Es un principio elemental que cualquier detenido tiene derecho a acceder a un abogado tan pronto como exista acusación contra él y que la restricción del derecho a ser asistido por un letrado de confianza por el hecho de estar bajo el régimen de incomunicación debe estar especialmente justificada mediante una evaluación invididual. La vulneración de estos derechos y el hecho de que las declaraciones de Atristain en comisaría sin el asesoramiento de un abogado de oficio sirvieron, según la sentencia, de manera significativa como base para su condena, lleva al tribunal a concluir que el Estado socavó la equidad del proceso penal. El recurso que presentó en abril la Abogacía del Estado solo buscaba ganar tiempo y contentar a las asociaciones de víctimas y a los medios de comunicación. El alcance de esta decisión está por ver, aunque el Ministerio se apresuró ayer a confirmar que no habrá “una excarcelación masiva de etarras”, como ocurrió después de que el TEDH tumbase la doctrina Parot. Ello obligaría a cada afectado a presentar recursos individualizados a Estrasburgo, lo que únicamente retrasaría la vergonzante restitución de derechos. l