l estallido del escándalo del espionaje mediante Pegasus ha puesto al Estado español ante una de las crisis institucionales más graves de los últimos años. La confirmación realizada el jueves ante la comisión de secretos oficiales por la propia directora del CNI, Paz Esteban, de la vigilancia a 18 independentistas catalanes, en todos los casos con autorización judicial, no solo no ha arrojado la necesaria luz sobre lo sucedido sino que ha levantado más dudas y sospechas, ha elevado todavía más la tensión y ha generado honda preocupación desde el punto de vista democrático. Parece obvio que no ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha ideado un sistema de espionaje a dirigentes y rivales políticos. La reciente historia española está plagada de casos de escuchas, grabaciones y vigilancia a opositores y disidentes, con intereses espurios. Pero sí le corresponde a este Ejecutivo atajarlos. Resulta especialmente preocupante, sin embargo, conocer la “legalidad” atribuida a este espionaje masivo. Cabe, así, preguntarse por los criterios mediante los que en una democracia un juez autoriza escuchas y acceso a documentos de representantes políticos que solo hacen política, incluido un president de la Generalitat que, por definición, es el máximo representante del Estado en Catalunya. Desde el punto de vista político, debe imponerse la obligación de asegurar un marco de estabilidad. Debe primar el diálogo y el acuerdo, tal y como al parecer establecieron ayer Pere Aragonès y Pedro Sánchez tras la ruptura total de la confianza. Pero este diálogo solo puede existir y dar frutos si hay garantías plenas de que los interlocutores -socios, además- no están sometidos al acoso y espionaje de los aparatos del Estado. Es necesario restablecer ese marco de confianza y diálogo en un momento muy complicado desde el punto de vista socioeconómico. Tanto el Gobierno como los socios deben ser conscientes del riesgo que supondría un adelanto electoral fruto de una ruptura. En Euskadi, tanto el PNV como EH Bildu lo están siendo. Sobre todo porque las acciones de gobierno en marcha quedarían bloqueadas en esta difícil coyuntura y la alternativa de la derecha sería negativa desde los puntos de vista social, económico y territorial. Quienes apuestan por la ruptura deberían cuestionarse, además, si, a la vista de la postura de PP y Vox, estarían más seguros y libres de diferentes tipos de espionajes. l