e perfilan fórmulas para dotar de un respaldo y un marco institucional la investigación de las denuncias de abusos a menores en instituciones religiosas dentro de la Iglesia católica en el Estado español. Afortunadamente, hay una esperanza clara de que, lo que corría el riesgo de abrir y cerrar en falso una imprescindible iniciativa de claridad, verdad, justicia y reparación de las víctimas de abusos, obtenga la solvencia debida para afrontar con garantías el objetivo de denuncia y amparo social. La propuesta original de constituir una comisión de investigación en el seno del Congreso de los Diputados podría tener las mejores intenciones pero conlleva un riesgo de esfuerzo estéril a imagen de tantas comisiones en el pasado cuya falta de profundidad, despliegue de prejuicios y politización partidista ha llevado a no pocas de ellas a un callejón sin salida. La propia reacción de la derecha española a la propuesta de la izquierda ya anticipa ese atasco. La reacción más constructiva a ese debate la puso sobre la mesa once días atrás el PNV al proponer una comisión de expertos independientes de eminente perfil técnico y de carácter extraparlamentario que profundizara en los casos denunciados y pudiera presentar a la Cámara sus conclusiones y recomendaciones en un plazo tasado de un año. Esta fórmula ha sido el detonante de la búsqueda de alternativas a la propuesta de Comisión de Unidas Podemos, EH Bildu y ERC, a la que se ha sumado verbalmente una fórmula similar barajada por el PSOE, que propone dejar el proceso independiente en manos de la Oficina del Defensor del Pueblo. En cualquier caso, la despolitización del proceso que no garantiza el modelo de Comisión Parlamentaria reforzaría el compromiso con la justicia, que debería tener una consideración más amplia que la mera dimensión penal, no condicionada por prioridades políticas. Igualmente, clarificar estos abusos silenciados en la Iglesia católica no excluye la posibilidad de acometer, con el mismo rigor, investigaciones paralelas en otros ámbitos que también reúnan las características de su ocultación, laxitud o complicidad. No es un juicio ideologizado a la Iglesia lo que va a servir para reparar a el daño causado sino una sincera actitud de hacer aflorar la tortura que supuso para las víctimas infantiles el silencio y la responsabilidad de quienes, individual o colectivamente, colaboraron a ello.