a atención de la opinión pública sobre el modelo energético suele activarse en situaciones puntuales, especialmente si mueven al escándalo. En los últimos días se han sumado dos de ellas: el precio de la electricidad y el informe del panel científico de la ONU sobre cambio climático. El primero es la materialización del impacto de una demanda de consumo respondida por un modelo tarifario que mantiene prácticamente cautivo al usuario; el segundo habla claramente del imperioso giro en las economías del carbono para que su sostenibilidad no suponga un desastre ambiental. Encarar el reto energético no puede hacerse de espaldas al propio reto ambiental. El pasado de la gestión energética en el Estado está plagado de errores más motivados por la voluntad de estabilizar el sistema desde el eje de las empresas que de garantizar su renovación y sostenibilidad. Así, las apuestas legislativas por las energías renovables han sido trémulas y discontinuas. El primer impulso a la energía solar fue precipitado y dio lugar a una instalación masiva y subvencionada en pocos años de huertos solares que no tenían suficientes redes de distribución para ser eficientes. El cambio de estrategia fue igualmente radical y equivocado, llegando a desincentivar la instalación y cerrando al final las puertas a los modelos de autoconsumo con el llamado “impuesto al sol”. La consecuencia de todo ello ha sido un desarrollo desequilibrado del principal activo energético en el Estado: la energía solar. El otro gran actor de las energías renovables es la eólica. Por su eficiencia y desarrollo tecnológico, la eólica es hoy una energía competitiva económicamente, capaz de disputarle al gas su papel y reducirlo al de mecanismo de garantía de suministro, que es el que le corresponde. Nuevamente hace falta un impulso que supere debates estériles porque el impacto ambiental cero no existe en ninguna actividad humana -empezando por respirar- pero racionalizar ese impacto pasa por no negar el desarrollo e instalación de energías limpias. Cada nuevo parque eólico no puede ser una batalla política. Y llegamos al bolsillo, donde el precio de la electricidad está afectado por el peso de un sistema en el que las renovables aún no son referenciales. Mayor producción y menor dependencia del gas deberá conllevar una revisión del sistema de tarificación que lo oriente al coste de generación y no al mercado del gas.