A memoria histórica entendida desde la perspectiva democrática es uno de los grandes déficits que acumula el Estado español, máxime teniendo en cuenta que ha vivido una cruel dictadura durante casi cuarenta años, algunas de cuyas reminiscencias continúan vivas hoy en día, casi 46 años después de la muerte de Francisco Franco. Las políticas públicas de memoria, de conocimiento crítico de lo sucedido, son imprescindibles no solo para entender el pasado sino para actuar en el presente y afrontar el futuro -algo que no se ha hecho durante décadas-, con el objetivo de promover el reconocimiento y la reparación de las víctimas y fomentar principios y valores democráticos. Con este propósito ineludible basado en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, recientemente y en un lapso de tiempo de solo ocho días, se han aprobado en Euskadi y en el Estado español sendos anteproyectos de ley de memoria histórica y democrática, aunque en ninguno de los casos -sobre todo en la CAV, donde las políticas de memoria llevan décadas funcionando- surgen de cero. Las desabridas reacciones de la derecha española -no solo de la más ultra como Vox, sino también del PP, que nunca ha condenado el franquismo y cuyo líder, Pablo Casado, ha afirmado recientemente que la guerra civil fue “un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”, negando así que hubiera un golpe de Estado contra la legalidad republicana- son indicativas de la urgente necesidad de la puesta en vigor de estas leyes. La coexistencia de dos normas -estatal y vasca- sobre memoria histórica y democrática podría llevar a pensar en un posible choque legal o en políticas activas que pudieran entrar en contradicción generando confusión en la ciudadanía y en las propias víctimas. No puede ni debe ser así. Ambas leyes, cuando sean definitivamente aprobadas, coexistirán en el ámbito competencial propio y pueden ser complementarias, enriqueciendo y fortaleciendo los objetivos de las mismas. Ello obligará a ambas administraciones a una actuación necesariamente coordinada y de estrecha colaboración en su aplicación y en la ejecución de las políticas públicas, lo que debiera dar lugar -una vez más- a una beneficiosa cogobernanza.