a recurrente cantinela sobre los presuntos privilegios de Euskadi en su relación con el Estado se reverdece en los últimos días a raíz de los acuerdos en la Comisión Mixta del Concierto, la semana pasada, y la reunión de la Comisión bilateral mantenida por los gobiernos de Catalunya y el Estado esta semana. La primera manipulación de los hechos viene de la voluntad de unir ambas citas en un mismo marco. En ningún caso un encuentro bilateral entre gobiernos autonómicos y del Estado es una claudicación de poder en un modelo descentralizado como el que se consagra en el estado de las autonomías. Lo que denota semejante estrategia de desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez por parte de los partidos de la derecha española es una falta de convicción en el modelo que establece la Constitución de 1978. No es, por tanto, una defensa del texto lo que hay detrás sino una voluntad de revisarlo en un sentido mucho más restrictivo. El corpus legislativo del Estado recoge, a través de sus normas y de las leyes orgánicas que son los estatutos de autonomía, la formulación de las relaciones entre los distintos sujetos jurídico-administrativos en los que se ordena. En el caso de Euskadi, la naturaleza histórica de su estructura foral propia y competencial adquiere ese mismo rango superior. En este sentido, no se trata de cuestionar el derecho que otras comunidades tengan, si es su voluntad, de reformar el marco legal para adoptar fórmulas similares, pero sí debe quedar claro que su aplicación vigente en el caso de Euskadi, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Foral Navarra, se sustenta del marco legal, no de la negociación política coyuntural. Calificar de privilegio la asunción de competencias o la aplicación del modelo bilateral es faltar a la verdad conscientemente. Este hecho queda más en evidencia al constatar que quienes demandan “los mismos privilegios” o “la misma bilateralidad” no están dispuestos a la corresponsabilidad en la sostenibilidad fiscal y financiera de sus comunidades. Algunas, como Andalucía, podrían, porque lo ampara su estatuto, apelar a una comisión bilateral pero su gobierno del PP no está interesado en un mayor techo competencial ni en ser corresponsable de su sostenibilidad financiera como Euskadi porque es receptor neto de fondos comunes. Es un mero juego de intereses.
