a Conferencia de Presidentes celebrada ayer en Salamanca escenificó a la perfección los objetivos reales que perseguía su convocatoria en estos momentos por parte del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, la actitud y los mensajes con los que acudían a la cita unos y otros -en especial, los mandatarios del PP- y la constatación de que estos encuentros tienen muy poco que ver, más allá del marketing, con la cogobernanza en un Estado autonómico y no son sino una sucesión de monólogos. Como ha sucedido en las distintas conferencias precedentes, Sánchez informó de las decisiones que previamente había tomado. Lo hizo con solemnidad y cierto aire ostentoso para anunciar la adquisición de 3,4 millones de vacunas adicionales en agosto y comunicar que las comunidades autónomas podrán gestionar el 55% de los fondos europeos para la recuperación, es decir, alrededor de 10.500 millones de euros. Pero la cuestión crucial va a ser la capacidad de actuación y decisión que tendrán las distintas autonomías, en función de sus competencias, para determinar y disponer esos fondos, que serán vitales para la recuperación económica. Por su parte, los presidentes del PP utilizaron la Conferencia para continuar con su acoso al Gobierno, esta vez, además, en una estrategia concertada y aprovechando la celebración el jueves de la Comisión Mixta del Concierto Económico entre Euskadi y el Estado en la que se acordó que las haciendas vascas recaudarán tres nuevos impuestos. Las falsas acusaciones de los mandatarios populares hacia un presunto trato de favor o “trato preferente” y de supuestos “privilegios” a Euskadi por la negociación bilateral que mantiene con el Estado muestran bien su ignorancia o bien su maledicencia. Nada nuevo, por otra parte. Pero es exigible que altos representantes institucionales como los presidentes de comunidades autónomas conozcan mínimamente la ley -y, con ella, la propia Constitución- y no difundan bulos y viejos discursos manipulados con intenciones espurias. La celebración de la Comisión del Concierto y lo que se ha pactado en ella es ni más ni menos que el cumplimiento de la ley y fruto de la obligatoria bilateralidad fijada en la misma, como lleva funcionando -bien que a menudo con tensiones- desde hace décadas. No todo vale y la mentira no puede ser un “privilegio” por muy presidente de un gobierno que se sea.