l acercamiento a cárceles próximas a Euskadi de los últimos cuatro presos de ETA que aún estaban recluidos en prisiones de Andalucía, decretado el jueves pasado por el Ministerio del Interior, ha puesto fin a un largo ciclo de más de treinta años de aplicación de la política de alejamiento. Cuando en los próximos días se consumen estos traslados -entre los que está incluido Iñaki Bilbao, uno de los presos más duros y fanáticos y contrario al fin de la violencia-, el Gobierno español habrá procedido ya al acercamiento de todos los reclusos de ETA y su entorno, que estarán internados en cárceles vascas o no más alejadas de Madrid. Este proceso llevado a cabo por el Ejecutivo de Sánchez y que ha terminado con tres décadas de una política penitenciaria que ha sido muy cuestionada tanto desde el punto de vista ético y humano como de eficacia y de legalidad, ha durado tres años. Las iniciales reticencias y la oposición de algunos partidos políticos y asociaciones de víctimas se han ido moderando hasta el punto de que la actual situación en la que ya no hay presos de ETA en cárceles especialmente alejadas de Euskadi como las de Andalucía -algunas de ellas, muy simbólicas, como la de Puerto III en Cádiz- ha pasado prácticamente desapercibida para la opinión pública española. Hay que felicitarse por el fin del alejamiento, una política que, sobre todo en los últimos años, solo ha servido para aumentar el sufrimiento de las familias de los reclusos y obligarlas a largos y peligrosos desplazamientos para visitar a sus seres queridos y aplicar un castigo añadido a los presos, innecesario, ilegal, vengativo y no acorde al principio de reinserción. El fin del sistema de alejamiento abre una nueva etapa en el proceso de consolidación de la convivencia en Euskadi. En primer lugar, supone un alivio evidente para las familias. Asimismo, para los presos es también una oportunidad para ahondar en su evolución personal que puede repercutir de manera positiva y determinante en su situación penitenciaria y, finalmente, en su camino hacia la libertad, la reinserción y la resocialización. Esta evolución es la que determinará las siguientes fases, con la competencia de Prisiones ya transferida y en manos del Gobierno Vasco a partir de octubre. Serán los propios reclusos de ETA, en igualdad de condiciones personales y legales que el resto, los que deberán decidir libremente los pasos a dar.
