A confirmación por parte del propio rey emérito, por medio de su abogado, de la segunda regularización fiscal que ha llevado a cabo por valor de más de cuatro millones de euros por pagos en especie no declarados durante varios ejercicios y los detalles a duras penas conocidos sobre el proceso han echado por tierra los denodados esfuerzos de las fuerzas monárquicas para blanquear tanto al anterior jefe del Estado como a la Monarquía española en su conjunto. En solo cuatro días, las andanzas y actitudes de Juan Carlos I han vuelto de forma irremediable al debate público. El injustificable ensalzamiento de la conducta del emérito durante los actos conmemorativos del 40º aniversario del golpe de Estado del 23-F buscaban, sin género de duda, apuntalar el cada vez más precario edificio monárquico. La defensa que realizó su hijo, el actual rey Felipe VI, del proceder de su predecesor le señala e invalida el presunto alejamiento de su figura y cuestiona de manerea radical su pretendido comportamiento “ejemplar”. Además, el rechazo del Congreso de los Diputados , con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y UPN, a que se revoque la inviolabilidad del rey y a que se retire el aforamiento tanto a Juan Carlos I como al resto de la familia real abundan en ese ya vano intento de blanqueamiento y blindaje de la monaquía. Los cada vez más escandalosos detalles de las operaciones opacas e irregulares del rey, sus comportamientos como los vuelos privados por todo el mundo con fondos de la Fundación Zagatka, su intolerable trato de favor -incluida la lentitud de la Agencia Tributaria en su investigación denunciada por los técnicos de Hacienda- o su huida a los Emiratos Árabes constituyen un presunto comportamiento delictivo que es necesario investigar, también judicialmente, imponiéndose la restitución de lo presuntamente defraudado y depurar responsabilidades. No se trata, como argumenta el presidente Pedro Sánchez, de una “conducta incívica”. Va mucho más allá, porque esta regularización con Hacienda supone una confesión en sí misma y un movimiento legal que esconde el intento de eludir el presunto delito fiscal. Por ello es obligada una intervención e investigación rigurosas, aunque ello ponga en riesgo la estabilidad de la propia institución monáquica, nunca sometida al escrutinio público e intitucional.
