l auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que suspende cautelarmente la orden del Gobierno Vasco de cierre de la hostelería en los municipios con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, solicitada por las asociaciones del ramo, abre un debate de diversas facetas y el riesgo de malinterpretación. Ciertamente, este último aspecto de una interpretación errónea de lo decidido ayer no es responsabilidad del Tribunal puesto que atañe a terceros, pero sí coadyuva a una inseguridad significativa. Los argumentos del Tribunal se remiten a constatar y evitar el daño económico de la medida recurrida. En consecuencia, aplica su criterio de que, en tanto el fondo de la cuestión está por definirse en un proceso posterior, corresponde evitar el daño previo a una eventual suspensión de la norma restrictiva en el futuro. Pero el Tribunal no podía pasar de puntillas sobre uno de los principios a valorar, como es la perturbación grave de los intereses generales. La existencia de la pandemia queda someramente resuelta con escasa cualificación del hecho al afirmar de manera inconcreta el auto que “según una parte importante de los epidemiólogos” son las reuniones familiares navideñas las responsables de “en torno al 80% de los contagios”. No era objeto del auto discutir esos extremos pero igualmente podría haber tenido en cuenta los usos de consumo de bebidas y alimentos en espacios públicos cerrados, que otra gran parte de epidemiólogos califican de factor de riesgo. Al margen de ello, queda en evidencia la inseguridad jurídica al adoptar medidas restrictivas y desmiente al Gobierno del Estado sobre las posibilidades de los gobiernos autonómicos, en las que se ha amparado para desatender la petición de medidas más intensas, no recurribles en términos de competencias. Y un efecto, indeseado sin duda por el propio Tribunal: el mensaje erróneo de que los locales son “inocentes” con carácter general en la extensión de la enfermedad. Nunca han sido culpables de las prácticas individuales y colectivas ajenas. Pero eso no les convierte en entornos seguros por definición sino en función de las medidas que adopten sus propietarios y respeten sus usuarios. La experiencia en todo el mundo ha llevado a actuar preventivamente en términos de seguridad y salud. Esa constante no ha desaparecido cautelarmente.