aatribución por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, de un acuerdo con el Gobierno PSOE-Podemos para acabar con el “dumping fiscal en Madrid” como contrapartida a su apoyo a los presupuestos ha desatado una campaña político-mediática respecto a la armonización fiscal en el Estado que ciertos sectores han tratado de desviar, intencionada e intreresadamente, al menos al señalamiento de la especificidad del sistema tributario de los territorios forales. Esto, sin embargo, únicamente trata de enmarañar una problemática alejada de las figuras, constitucionalmente reconocidas y protegidas, del Concierto y el Cupo, absolutamenta ajenas a dicha polémica. De hecho, cuestionar la presión fiscal o la aportación a las cargas generales de los territorios forales en comparación a la media del Estado o a su peso en la economía estatal, inferior hoy al 6,24% acordado hace décadas, no es sino una patraña que ignora la realidad de la competencia fiscal en otros estados de corte federal como Suiza, Canadá o Estados Unidos porque trata de restar atención sobre el auténtico problema en cuanto a armonización en el Estado español: Madrid. En primer lugar, hay que señalar que desde principios de los años 80 las Comunidades Autonómas del regimen general perciben, cedidos por el Estado, el 100% de los ingresos por Impuesto de Patrimonio e Impuesto de Sucesiones y desde 1997 pueden fijar su tipo impositivo, además de algunas reducciones en la base y deducciones en la cuota tributaria, y reciben la cuota autonómica (30%) del IRPF. Sin embargo, es a partir de 2006 y coincidiendo con la crisis económica y con gobiernos del Partido Popular (desde Esperanza Aguirre a Ayuso) cuando la Comunidad de Madrid aumenta sus exenciones en estos impuestos y rebaja el tipo impositivo de la tarifa autonómica del IRPF hasta el 21%, muy por debajo de la media estatal y, por cierto, también de la de los territorios forales. Y es a partir de entonces cuando la movilidad de capitales y grandes contribuyentes se dirige prácticamente de modo exclusivo hacia Madrid y afecta negativamente sobre todo a Andalucía y Catalunya. Algo que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitía antes de la pandemia cuando recriminaba a Madrid que obligase al resto de comunidades a rebajar impuestos con el consiguiente efecto en las capacidades de financiación de las mismas.