a aprobación el pasado jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) ha dado lugar a una sobreactuada escenificación por parte de las derechas representadas por PP, Ciudadanos y Vox para organizar un nuevo frente de batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez, inquietar mediante bulos y exageraciones a la comunidad educativa y agitar la calle. Volvió a verse ayer, con las manifestaciones convocadas en una treintena de ciudades del Estado -significativamente, no en Euskadi, Catalunya y Comunitat Valenciana, aunque sí en Nafarroa- en lo que parecía un remedo, matizado por las restricciones debidas a la pandemia que impedían una concentración masiva, de la tristemente famosa foto de Colón, con los líderes de las tres derechas españolas juntos en una exhibición de fuerza patriótica. Es cierto que la nueva reforma de la ley educativa -la octava- nace sin el que debiera ser un consenso necesario en un asunto de especial trascendencia y sensibilidad social. Un mal endémico, toda vez que ninguna de las sucesivas reformas ha contado con acuerdos básicos. Pero es objetivo que la denominada ley Celáa introduce aspectos positivos y de avance y, sobre todo, tiene la virtud de enterrar, por fin, la lesiva, en exceso invasiva para las competencias vascas, dogmática y centralizadora Lomce aprobada por José Ignacio Wert con -es obligado recordarlo ahora- los únicos votos del PP. En este contexto, la derecha quiere aprovechar políticamente el hecho de que la Lomloe incluye una nueva regulación de los centros concertados -cuya realidad en Euskadi es radicalmente distinta y por tanto apenas afecta a nuestro sistema- y, sobre todo, que elimina la caracterización del castellano como lengua vehicular en favor de un mayor reconocimiento de las ahora denominadas “lenguas propias”, como el euskera, lo que de manera implícita supone un aval al modelo de inmersión lingüística, para exacerbar el sentimiento españolista y el recurso victimista del presunto ataque a la “lengua común” y, con ello, a su concepto de patria. Una mera excusa, con manipulación argumental y pirotecnia legal -recurso al Tribunal Constitucional incluido- para aprovechar la inquietud artificialmente instigada en el mundo educativo e incendiar la calle en su estrategia de desgaste al Gobierno para recuperar el poder.