l juicio celebrado el pasado jueves en el Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por el president, Quim Torra, contra su inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central, que le ordenó retirar una pancarta en apoyo a los presos independentistas del balcón de la Generalitat, está a la espera de una sentencia que nadie confía en que sea favorable al jefe del Govern, lo que abrirá una situación inédita en el gobierno de Catalunya, descabezado y probablemente sin alternativa para la sustitución por deseo expreso del propio Torra, para de esta forma evidenciar la falta de una justicia democrática en España. El vicepresidente, Pere Aragonès, de ERC, sería quien se haría cargo, en funciones, de las atribuciones presidenciales pero con tres excepciones: plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones. El Govern también tendría sus funciones limitadas y, entre otras cosas, no podría aprobar el próximo presupuesto. La pretensión de Torra tiene el riesgo de dejar congelada la actividad institucional, escenario que no comparten ni ERC ni la CUP, abonando la división que arrastra el independentismo desde la aplicación del 155 y que cada día que pasa se hace más patente. Pudo comprobarse, de nuevo, ayer mismo, con la decisión de los exconsellers presos Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull de apostar “por coherencia” por el JxCat de Puigdemont, afeando al mismo tiempo la postura de Artur Mas de quedarse en el PDeCAT. La causa contra el president es una nueva muestra de la baja calidad de la democracia española, capaz de llevar hasta las más altas instancias judiciales al máximo cargo de un gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría de su sociedad por ejercer su derecho a la libertad de expresión, plasmada en unos lemas (libertad para los presos) y unos símbolos (lazos amarillos) que la justicia española pretende reducir a una cuestión partidista y electoralista, obviando que se trata de una reivindicación sentida por la gran mayoría de los catalanes. Los tribunales españoles vuelven a ser el lugar donde el Estado pretende domesticar la voluntad de Catalunya y escarmentar su osadía cuando pone en cuestión la unidad nacional, en una nueva muestra de su deliberada incapacidad para encarar de una vez por todas una configuración territorial que tenga en cuenta la voluntad de las naciones que lo conforman.