uando la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone el grito en el cielo ante las nuevas cifras que la transmisión del SARS-CoV-2 presenta en Europa, donde la semana pasada se contabilizaron más de trescientos mil nuevos infectados, más que los registrados en los peores momentos de la primera ola de la pandemia, y califica de “grave” la situación; mientras en Gran Bretaña, con 4.000 casos en 24 horas, y Francia, con 10.000, o el Estado español, con 12.000, siguen viendo aumentar los contagios; mientras hay comunidades, como Madrid, que han empezado a decretar confinamientos o que se hallan, como Catalunya, aún en una fase expansiva de la segunda ola; Euskadi parece haber entrado cuando menos en la meseta de la misma. Si desde la última semana de agosto y durante los primeros diez días de septiembre, el porcentaje de positivos por prueba PCR variaba entre el 6% y el 8%, los últimos cuatro días se ha situado en torno al 5%. El índice reproductivo básico R0, que terminó agosto por encima del 1 y se mantuvo en torno a esa cifra hasta el día 10, lleva siete días en lento descenso, los últimos cuatro por debajo del 0,90. Ambos guarismos son los que la propia OMS pone como límite para considerar la expansión del covid-19 todo lo controlada que puede estar mientras no haya una vacuna efectiva; pero en Euskadi aún habrá que esperar a que esa estabilización de las cifras se mantenga tras la primera semana de curso, aunque los positivos en las aulas son, de momento, contenidos. Así se desprende del número de alumnos aislados, 92 aulas de 71 colegios, 2.800 escolares de una comunidad de más de 370.000, es decir, el 0,7%. Esto situaría de momento el número de positivos por debajo del millar y en porcentajes comparables e incluso inferiores a los del global de la sociedad vasca. Y, desde la mayor prudencia posible ante una estadística que varía con facilidad y desde la responsabilidad exigible a cualquier análisis sobre la gravísima pandemia que ha costado treinta millones de vidas en todo el mundo, 30.243 fallecidos oficiales en el Estado, 1.745 en Euskadi, cabe lógicamente deducir que, al menos, las críticas previas que desde algunos ámbitos, especialmente políticos y sindicales, se han deslizado respecto a la actuación de los departamentos de Salud o Educación se deben considerar como mínimo gratuitas.
