a imputación de Podemos como persona jurídica y la citación a declarar como investigados de tres cargos de ese partido, dictadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, han puesto el foco sobre la formación liderada por Pablo Iglesias y proyectado una sombra de sospecha sobre su financiación, al tiempo que puede sacudir el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Una investigación judicial en la que, aun en fase muy indiciaria y bajo el escrupuloso respeto a la presunción de inocencia, están imputadas personas relevantes de una formación política -el secretario de Comunicación, el tesorero y la gerente- bajo sospechas de posible malversación y administración desleal, entre otros presuntos delitos, es un hecho grave que los responsables de Podemos no pueden despachar sin explicaciones o con un evasivo “quedará en nada”. Máxime si el juez considera que los hechos bajo investigación “presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal”. La causa tiene su origen -y, de momento al parecer, y a la espera de la aportación de pruebas y documentación que ha solicitado el juez- en la declaración de un exabogado de Podemos que fue despedido de la formación y que denunció en sede judicial posibles irregularidades contables del partido morado, como gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos y también subresueldos. Llevado el proceso a este extremo con imputación del propio partido y de un estrechísimo colaborador del vicepresidente del Gobierno, Podemos -más allá de su legítima actuación judicial en defensa de sus derechos e intereses, donde ya ha denunciado una posible indefensión- está éticamente obligado a reaccionar desde el punto de vista político en la misma proporción y en los mismos términos en la que durante desde el inicio de su existencia ha exigido al resto de formaciones. Es decir, con transparencia, integridad y ejemplaridad. Es obvio que este caso -unido a otros que salpican también al vicepresidente Pablo Iglesias, como el caso Dina- pueden erosionar al Gobierno. La derecha política y mediática ya ha visto una nueva oportunidad para atacar al Ejecutivo y a Pedro Sánchez. Una respuesta contundente, “cristalina”, como suele decir Iglesias, -es decir, nada ajeno a lo que defiende Podemos- es el mejor antídoto.