asado mañana, jueves 23, se cumplirán cuarenta días exactos desde el 14 de marzo en que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y confinó a la sociedad civil en sus domicilios en lo que es la cuarentena por razones sanitarias más extendida de la historia desde que se le dio ese nombre al empezar a imponerse a los barcos en Venecia en el siglo XIV ante la peste bubónica que, se cree, habría tenido también origen en China. Veinticuatro horas antes, mañana, el Congreso tiene prevista la votación -en pleno reducido- de una nueva prórroga de dicho estado de alarma cuya solicitud el Gobierno Sánchez ya ha adelantado. Una cuarentena después, sin embargo, dicha prórroga ni puede ni debe presentar características idénticas a las que reflejó el decreto inicial. Ni en cuanto a su rigidez ni en cuanto a su homogeneidad. Hay motivos económicos, pero sobre todo sociales y de salud pública -los confinamientos prolongados también producen, empeoran o derivan en patologías- para el inicio de una desescalada prudente pero progresiva que responda a los parámetros y recomendaciones de la OMS, también de la Comisión Europea. En el caso de Euskadi, la reducción de casos sostenida durante 14 días (se ha pasado del 23% de positivos en los tests al 2%), la realización de pruebas suficientes (se llevan hechos tests a 44.096 personas, más de 15.000 los últimos 5 días) y la capacidad para incrementarlos, así como la situación del sistema sanitario (974 hospitalizados, 141 en UCI cuando el 4 de abril eran 1.622 y 236) responden perfectamente a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y si la desescalada, como dijo Sánchez en la sexta videoconferencia con los presidentes de las CCAA, no dependerá del número de contagiados -Euskadi es tras Andalucía, Valencia y Asturias, la cuarta con menos casos activos por 100.000 habitantes- sino de la capacidad para el diagnóstico, seguimiento y vigilancia de los nuevos casos, así como de la provisión de material de protección a los ciudadanos, esas capacidades son todo menos homogéneas y en el diagnóstico, seguimiento y vigilancia influyen directamente tanto el número casos como el de nuevos contagios y la cercanía para gestionar su seguimiento y aislamiento. Por tanto, la solicitud de prórroga no debería acompañarse de otras intenciones, que poco o nada tienen que ver con la salud pública, para obviarlo.
